La Fiscalía rescata al cuñado de Sánchez: logra que la juez tumbe una querella por tráfico de influencias

La juez Rosario Espinosa Merlo ha inadmitido a trámite la querella presentada por Abogados Cristianos contra Miguel Ángel Gómez Fernández, cuñado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hermano de Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias y malversación.

Tal como adelanta OKDIARIO, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha tumbado la acusación tras el informe contrario del Ministerio Fiscal, fechado el 20 de noviembre de 2025, que se opuso a la admisión de la querella. Abogados Cristianos va a recurrir de inmediato a la Audiencia Provincial de Madrid ante lo que consideran una injusticia. Se trata del cuñado que disfruta en verano de la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, junto a Sánchez y su mujer.

La resolución judicial ha zanjado así una denuncia que había permanecido en un limbo procesal siete meses desde su presentación el 30 de abril de 2025. La querella acusaba a Gómez Fernández de haberse valido de su relación familiar con Sánchez para obtener beneficios indebidos para Vancouver Media, la productora audiovisual donde trabaja como director desde octubre de 2018.

Abogados Cristianos denunciaba que, cuatro meses después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno el 1 de junio de 2018, su cuñado fue nombrado director de Vancouver Media. Según la querella, desde su incorporación, la empresa «se benefició de cuantiosas ayudas y deducciones fiscales concedidas por la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda por importe superior a 16 millones de euros».

La acusación sostenía que Vancouver Media había recibido 4,3 millones de euros en 2019 y otros 12 millones en los ejercicios 2020 y 2021 bajo el concepto de «deducción por inversiones en producciones cinematográficas extranjeras». Además, denunciaba que la productora había grabado gratuitamente en instalaciones ministeriales, cuando en ocasiones anteriores había pagado más de 40.000 euros por servicios similares.

El escrito también implicaba a Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación, quien suscribió el 9 de septiembre de 2022 un convenio de colaboración con las productoras Secuoya y The Pool para la realización del documental Moncloa, cuatro estaciones. Los querellantes alegaban que existía una vinculación societaria entre estas empresas y Vancouver Media, aunque admitían no aportar pruebas al respecto.

La magistrada es conocida porque instruyó una querella de José Luis Ábalos contra el periodista Federico Jiménez Losantos por insinuar que el ex ministro introdujo en España «cocaína, oro o divisas» la noche del Delcygate. La Audiencia Provincial revocó el archivo inicial ordenando continuar el procedimiento. Finalmente, procesó al locutor y le impuso una fianza de 100.000 euros. A la postre, el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid y la Audiencia Provincial absolvieron al periodista.

La juez ha sido contundente al rechazar los argumentos de la acusación contra el cuñado de Sánchez. En su auto, subraya que el convenio denunciado se rige por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y que «no hubo contraprestación económica, no se pagó la producción con fondos públicos». Por tanto, descarta la aplicación del artículo 423 del Código Penal sobre malversación.

Sobre las acusaciones de uso gratuito de instalaciones públicas, la juez es taxativa: «Dicha actuación no sería constitutiva del ilícito penal; podría ser, en su caso, una infracción administrativa, pero no sería delito». El auto señala que los hechos ocurrieron en 2018 y que no existe apropiación de patrimonio público, «tan sólo uso parcial y definido en el tiempo».

Deducciones fiscales legales

En cuanto a las deducciones fiscales millonarias, la resolución apunta que tuvieron lugar «a través de la oportuna resolución administrativa (publicada en BOE)» y destaca un dato incontrovertible: «Ni el Tribunal de Cuentas ni la Agencia Estatal Tributaria ni la Intervención General de la Administración del Estado, han cuestionado la legalidad de las deducciones concedidas».

El punto más importante del auto se refiere al delito de tráfico de influencias. La magistrada Espinosa concluye que «de la redacción de la querella y pruebas aportadas, no hay indicios de que el querellado, haya tratado de influir en un funcionario público o autoridad para obtener una resolución que le pueda generar beneficio económico».

La juez aplica el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que sin indicios suficientes no procede admitir a trámite una querella.

El caso se suma a una larga lista de denuncias contra el entorno de Sánchez. La esposa del presidente, Begoña Gómez, permanece investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Su hermano, David Sánchez, ha sido enviado a juicio acusado de malversación y prevaricación en su puesto en la Diputación de Badajoz.

Esta querella contra Miguel Ángel Gómez Fernández había permanecido durante meses sin contestación judicial, generando incertidumbre sobre su tramitación. Abogados Cristianos había denunciado públicamente esta «inactividad procesal» y lamentaba que tras meses después de su presentación aún se desconociera el tribunal competente.

Sin embargo, el auto revela ahora que la Fiscalía se opuso a la admisión y nueve días la juez resuelve en la misma línea. La celeridad en este trámite final contrasta con la dilatada espera inicial y evidencia el papel determinante de la Fiscalía en el archivo del caso.