PP y Vox sellan los presupuestos de Sevilla: control de inmigrantes y menos subvenciones a chiringuitos

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este martes los Presupuestos municipales para 2026, con el respaldo del PP y Vox tras revalidar su acuerdo de gobierno. La negociación, cerrada horas antes de la votación, ha permitido incorporar 16 enmiendas presentadas por Vox, que ha puesto sobre la mesa dos condiciones clave: reforzar el control sobre el empadronamiento para evitar la inscripción de inmigrantes ilegales y flexibilizar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la Cartuja. La izquierda, cómo no, rabia ante las nuevas cuentas de la capital hispalense.

Ambas medidas han sido aceptadas por el equipo del alcalde José Luis Sanz (PP), en lo que supone un endurecimiento de la política migratoria a nivel local dentro de las competencias municipales. Vox ha celebrado especialmente el compromiso del Ayuntamiento para «evitar el uso fraudulento del padrón municipal por parte de inmigrantes en situación irregular», reforzando así la vigilancia sobre los procesos de inscripción.

Además, la formación que lidera Cristina Peláez ha logrado recortes en las partidas destinadas a entidades de cooperación internacional y memoria democrática, áreas que han sido utilizadas históricamente por los gobiernos de izquierdas para financiar redes ideológicas afines. «Habrá más dinero para lo que importa», sentenció Peláez, subrayando el aumento de la inversión en parques empresariales y mercados de abastos.

Las cuentas municipales alcanzan los 1.096 millones de euros, con un incremento del 2,52% respecto al año anterior. El presupuesto consolidado asciende a más de 1.380 millones. Entre las partidas destacadas, se incluyen 97,7 millones para Tussam, 43 millones para el Instituto Municipal de Deportes, más de 18 millones para el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), y 21 millones para Contursa. También se contempla un refuerzo para la rehabilitación de colegios públicos y un plan de mantenimiento valorado en 2,5 millones de euros.

La izquierda rabia

Desde el PSOE y Con Podemos-IU han cargado duramente contra el acuerdo, acusando al alcalde de gobernar «bajo el dictado de la extrema derecha». El socialista Antonio Muñoz ha advertido de que se «cruzan líneas rojas» al asumir competencias que, según él, no son municipales. Susana Hornillo, de Podemos-IU, acusó al PP de aceptar un «chantaje ideológico».

Pese a las críticas, el equipo de gobierno defiende que los presupuestos garantizan estabilidad y responden a las necesidades reales de los barrios. Vox, por su parte, celebra que la política municipal deje de financiar agendas ideológicas y ponga el foco en el control, la seguridad y los servicios básicos.