Huelga indefinida en la Sanidad: rebelión sin precedentes de médicos y sanitarios contra Mónica García

Los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes «mientras sea necesario». Un nuevo paso contra la reforma laboral impulsada por la ministra Mónica García, que ha puesto en evidencia la falta de diálogo y ha unido por primera vez a todos los médicos bajo dos huelgas nacionales sin precedentes en España.

Así lo ha avanzado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo «justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales».

Estas organizaciones lamentan que las «negociaciones paralelas» que ha hecho este Ministerio con las de médicos, lo que le convierte en el único con «el dudoso honor» de haber logrado «un frente común sindical», al que no ha dejado otra alternativa que la de convocar una huelga. «La falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno», han criticado.

Así, la sanidad pública española se prepara para uno de los inviernos laborales más tensos de los últimos años. Tras semanas de advertencias, los principales sindicatos del sector —UGT, CSIF, Satse, CCOO y CIG-Saúde— han anunciado una huelga indefinida que arrancará el 27 de enero de 2026 y se repetirá todos los martes hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio con el Ministerio de Sanidad. El motivo es el borrador del nuevo Estatuto Marco, la ley llamada a regular las condiciones laborales de todo el personal sanitario, pero que, lejos de generar consenso, ha detonado una rebelión sin precedentes.

Este pulso sindical se suma a la huelga médica ya convocada para la próxima semana, elevando la presión sobre la ministra de Sanidad, Mónica García, cuya reforma pretende modernizar el sistema, pero ha encontrado una fuerte oposición entre profesionales que consideran que sus derechos laborales quedan insuficientemente protegidos. La confluencia de protestas anticipa semanas de inestabilidad, justo cuando el sistema sanitario afronta un aumento estacional de la demanda asistencial y un clima social especialmente sensible.

Los sindicatos denuncian que el borrador del Estatuto Marco no corrige los principales déficits estructurales: precariedad, sobrecarga, carencia de reconocimiento profesional, ausencia de un modelo de carrera atractivo y condiciones laborales que consideran «insostenibles». Reclaman el retorno a la jornada de 35 horas semanales, la retribución y cotización de las guardias, garantías de conciliación y una revisión profunda de la clasificación profesional que reconozca las funciones específicas de cada categoría.

El Ministerio defiende que la reforma homogeniza derechos y moderniza la estructura, pero su apuesta por un único estatuto para toda la sanidad ha generado resistencia entre quienes exigen un marco diferenciado para los facultativos.

El conflicto no se limita al colectivo médico. La huelga anunciada afecta a «todo el personal sanitario»: enfermería, técnicos, celadores, administrativos y profesionales de atención primaria y hospitalaria. Esa transversalidad convierte la protesta en una de las más amplias de los últimos años y amenaza con paralizar buena parte del sistema si el desacuerdo se prolonga. Los sindicatos aseguran que han agotado la vía del diálogo y acusan al Ministerio de ignorar las necesidades reales del sector; Sanidad, por su parte, insiste en que el proceso sigue abierto y pide responsabilidad para evitar una crisis asistencial.

Posiciones rígidas

Los escenarios que se abren son inciertos. Si el Ministerio ofrece un giro en las negociaciones que incluya avances efectivos en jornada, retribuciones y reconocimiento profesional, la huelga podría desactivarse antes de generar un impacto prolongado. Sin embargo, si las posiciones se mantienen rígidas, la sanidad pública podría verse inmersa en una parálisis intermitente durante semanas o meses, con riesgos claros: aumento de listas de espera, suspensión de consultas programadas, mayor presión en urgencias y descontento ciudadano creciente. La crisis llega, además, en un momento políticamente delicado, con un invierno epidemiológico exigente y una presión social que no deja margen para errores.

Mónica García afronta así una de las pruebas más complejas de su mandato. Su apuesta por un Estatuto Marco universal pretende unificar derechos y reducir desigualdades, pero la contestación sindical muestra que el sector no está dispuesto a asumir cambios sin una mejora clara en sus condiciones de trabajo. El desenlace de este conflicto marcará el futuro de la reforma laboral sanitaria.

Frente sindical

SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han lamentado que un Ministerio que forma parte de un Gobierno, que se autodefine como progresista y firmemente defensor de la sanidad pública, haya sido el único que ha tenido el «dudoso honor» de lograr un frente común sindical para convocar una huelga general en la sanidad de nuestro país.

Los sindicatos afirman que Mónica García no ha querido escuchar a los 10.000 profesionales que se manifestaron el pasado mes de octubre, frente a las puertas de su Ministerio, y, después de dos reuniones «infructuosas», ha paralizado la negociación con ellos, mientras sí avanzan con otras organizaciones que defienden intereses particulares de un solo colectivo sanitario, comprometiendo el interés general.

Pesimismo sindial

Recientemente, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba que el Estatuto Marco estaba negociado en más de 99%, sin embargo, las organizaciones confían en conseguir un nuevo texto que consiga cumplir con sus objetivos. «No vamos a tolerar que se afirme que en el Estatuto Marco está acabado en el 99% por parte de la ministra, cuando no hay nada más lejos de la realidad», ha resaltado Ballell.

«Veremos a partir de ahora cómo reacciona el Ministerio, creemos que la negociación no está cerrada, por eso hemos dado de margen a Sanidad hasta el día 27 de enero, para que pueda reaccionar y darnos otro texto mejorado», ha indicado Hontangas.

En este punto, han reiterado que una Ley tan «importante y necesaria» como el Estatuto Marco requiere de una acción de gobierno coordinada, como han trasladado de manera reiterada, tanto a Sanidad como al resto de ministerios implicados (Trabajo, Función Pública, Seguridad Social y Hacienda).

Retribuciones y jornada

Por último, han recordado los asuntos que siguen entendiendo «irrenunciables» en el Estatuto Marco para lograr avances y sobre los que aseguran que el Ministerio sigue sin querer llegar a un acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de las retribuciones básicas que deben acompañar al nuevo marco de clasificación del personal del Sistema Nacional de Salud.

Los sindicatos también pretenden dejar sentadas las bases en la norma para una jornada laboral «digna y adecuada», que concilie la vida familiar y laboral del personal, además de otros aspectos relacionados con esta materia esencial en las relaciones de trabajo, y que se posibilite acceder a la jubilación anticipada y parcial de manera voluntaria.