La UCO investiga al socialista Pineda por repartirse 2,2 millones de dinero público con su mujer y amigos

Lo del PSOE de Andalucía (PSOE-A) es propio de una trama circense de una película de Hollywood… para lamento de todos los andaluces, que siguen comprobando cómo quienes les han gobernado durante casi cuatro décadas han saqueado las arcas públicas. Y es que no hay un sólo día en el que no se publique un nuevo caso de corrupción socialista en la comunidad. En esta ocasión le ha tocado a Rafael Pineda, quien presuntamente orquestó una operación inmobiliaria en Sevilla que reportó 2,2 millones de euros en beneficios que, presuntamente -ya saben-, se repartió con su esposa y su entorno. La UCO de la Guardia Civil, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO Andalucía, ya investiga este nuevo entramado y apunta a un delito de tráfico de influencias por la compraventa de una parcela pública de Emvisesa que acabó en manos de una sociedad de la mujer de Pineda.

La operación comenzó en 2016, cuando Emvisesa adjudicó en alquiler un solar de más de 10.000 metros cuadrados a Higuerón Real Estate, una sociedad creada días antes y cuyo único socio era Olga Pérez. Con ese terreno, subarrendado luego a empresas como Burger King y KFC, la sociedad pasó a ser propietaria en septiembre de 2024 por 1,7 millones, pese a que dos años antes la empresa pública había tasado la parcela en 2,2 millones y no logró venderla.

Cinco meses después, la sociedad de la esposa de Pineda vendió el solar por 3,9 millones a una empresa del holding de Burger King Spain, generando así una plusvalía de 2,2 millones. De este dinero, según la UCO, se beneficiaron el matrimonio Pineda-Pérez, sus antiguos socios José Luis Gómez y Jaime García-Alegre, y otras personas.

La Guardia Civil señala que esta operación fue el punto de partida para investigar el patrimonio de Pineda, que hasta hace poco fue jefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía. En esa labor, los agentes detectaron vínculos con un cabecilla narco, a quien supuestamente ayudó a cambio de favores y dádivas.

Los investigadores consideran que hay suficientes indicios de actividad irregular, como la inexistencia de competencia en el concurso, la rebaja del precio y la intervención de un ex empleado del holding comprador como socio inicial. La UCO sostiene que estas maniobras podrían enmascarar una operación de corrupción entre particulares y tráfico de influencias.