La familia de Sandra Peña se querella contra el Irlandesas Loreto y sus docentes tras el suicidio

La familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó el pasado octubre en Sevilla, ha presentado este viernes una querella contra el colegio Irlandesas Loreto y parte de su personal docente por no haber controlado el acoso escolar que sufría la alumna. Se les acusa de homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

La querella se ha presentado contra los responsables y docentes del centro presuntamente «implicados» en la muerte de la menor por su «falta» de actuación ante el bullying.

Los indicios de las diligencias practicadas por la Fiscalía no dejan «lugar a dudas» de su relación con el suicidio, al no haber actuado conforme al protocolo, según sostiene el tío de la Sandra y portavoz de la familia, Isaac Villar.

En una entrevista concedida esta semana a Canal Sur, Villar afirmó que, tres meses después de los hechos, el colegio no ha establecido «ningún contacto» con los padres de Sandra, a excepción de «un par de correos electrónicos» para tratar la devolución de unas cuotas.

El pasado 14 de octubre, nada más salir de clase, la menor se suicidó arrojándose desde la azotea de su edificio. La Junta de Andalucía confirmó después que su colegio no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como exige la normativa vigente.

Posteriormente, la familia de Sandra explicó que la única medida que adoptó el colegio fue cambiar de aula a las presuntas acosadoras tras una petición expresa de la madre. La menor comenzó a recibir ayuda psicológica el pasado verano.

El Irlandesas Loreto era consciente de la existencia de casos de acoso escolar en el centro. Antes del suicidio de Sandra, en Google se acumulaban las reseñas alertando de que el colegio miraba «para otro lado» ante las denuncias de bullying y su protocolo era «inservible».

La Fiscalía de Menores abrió dos expedientes tras el suicidio de Sandra: uno sobre las menores supuestamente implicadas en el caso de acoso escolar y otro para evaluar la posible responsabilidad del colegio en el que estudiaba la víctima.

El caso movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes en toda España contra el bullying, con una huelga estudiantil y manifestaciones celebradas en 55 ciudades del país.