Así respondía el Irlandesas Loreto a las quejas por acoso antes del suicidio de Sandra: «Nos extraña»

El Irlandesas Loreto de Sevilla era consciente de que en su centro había casos de acoso escolar. Antes del suicidio de Sandra Peña, al menos una decena de reseñas en Google llevan años alertando de que el colegio «miraba para otro lado» ante las denuncias de bullying. Algunas familias señalan que su protocolo antiacoso es «inservible» o directamente «inexistente». Otros padres muestran su «impotencia» al ver que el centro «no hace absolutamente nada» y que los profesores «se lavan las manos».

El colegio se tomó la molestia de contestar algunas de las reseñas. Incluso reprende a una madre que cita los apellidos de una profesora. El comentario dice así: «Increíble todo lo que se cuente de este centro. Hay profesores muy buenos, pero la desorientación en el tema bullying es increíble. Digo desorientación porque más quisiera la orientadora llegar a ser eso. El tema de acoso escolar crea impotencia al ver que no hacen absolutamente nada. (…) Protegen al que daña. Buscan diagnósticos en niños sanos y a los que de verdad lo necesitan ni los valoran. (…) Eviten este centro que cuando se produce acoso escolar miran para otro lado».

Desde el colegio Irlandesas Loreto responden así a la madre: «Como usted sabrá, existen protocolos de acoso que se pueden activar en cualquier momento, y por supuesto a instancias de la familia, si es su caso. No hemos tenido ninguna solicitud de apertura de protocolo de acoso que no se haya atendido. Además, nos extraña mucho que se haga referencia a dos cosas tan distintas como son el acoso y lo que usted llama ‘diagnósticos’ en la misma reseña». Por último, avisa: «Hacer referencia con datos personales es constitutivo de delito».

Respecto a la apertura de protocolos de acoso en todos y cada uno de los casos, tal como defiende el centro, la Junta de Andalucía lo desmiente: tras la denuncia de los padres de Sandra, el Irlandesas Loreto no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, exigidos por la normativa vigente. La familia de Sandra afirma que la única medida que adoptó el centro fue cambiar de aula a las presuntas acosadoras. El colegio, cuya fachada está llena de pintadas («asesinos», «cómplices», «culpables»), podría perder la financiación autonómica si el expediente administrativo confirma que hubo un «incumplimiento muy grave» del concierto educativo.

Las reseñas de las familias coinciden en que el centro concertado «pasa de todo» y «no da importancia» a los casos de acoso. Incluso «pone en duda la palabra de los alumnos». Varios comentarios señalan un «mal» o «muy deficiente» equipo de orientación y relatan la falta de «apoyo» a la integración de alumnos con problemas de convivencia. «De qué sirve tener buenos profesores si cuando mi hijo pide ayuda no hay un protocolo de actuación», se preguntaba una madre hace dos años.

Las fotos de las acosadoras, en redes

La Fiscalía de Sevilla, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, pidió este martes a una red social retirar las imágenes de tres menores señaladas como las presuntas acosadoras de Sandra. Sus fotos, acompañadas de mensajes amenazantes, se han viralizado en los últimos días, obligando a la Policía Nacional a reforzar la vigilancia en torno al colegio para evitar altercados.

Además, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal por la difusión en redes de estas imágenes, que incluyen también sus perfiles de Instagram. «El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas», defiende el Ministerio Público.

Este lunes, la Fiscalía de Menores anunció dos expedientes: uno de reforma juvenil sobre la posible implicación de varias menores y otro de supervisión para evaluar la actuación y posibles responsabilidades del centro educativo donde estudiaba la víctima. La dirección del colegio pedía esta semana «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación» policial, judicial y administrativa.

Y es que la Policía Nacional está realizando un trabajo de «custodia y vigilancia» para evitar «situaciones no deseables» en el entorno del centro educativo, según aseguró este martes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Los investigadores ya están analizando el teléfono de la menor para encontrar pruebas de ciberacoso.