Peramato debe expulsar a García Ortiz de la carrera fiscal

Nunca he sido partidario de la cultura de la cancelación y no tengo nada personal contra Álvaro García Ortiz, faltaría más. Creo que tiene derecho a tener una vida privada y profesional después de la Sentencia núm. 1000/2025, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que le ha condenado como autor de un delito de violación de secretos por autoridad tipificado en el artículo 417 del Código Penal. La condena por los hechos que García Ortiz cometió siendo fiscal general del Estado -y que son por todos conocidos- no es el ostracismo ni la muerte civil, sino la inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado, además de una exigua multa, a mi juicio adecuada a las circunstancias.

Pero cuando la máxima autoridad del Ministerio Fiscal, el órgano al que nuestra Constitución encomienda la defensa de la legalidad, incurre en un delito doloso se produce una quiebra en la legitimidad institucional que hay que sanar, que va más allá del reproche penal por sus actos. Un fiscal, sobre quien recae la facultad y la autoridad para perseguir delitos y acusar por ellos a cualquier ciudadano, tiene que ser irreprochable en su conducta. García Ortiz no lo ha sido: es un delincuente condenado. Su derecho a la reinserción, que defenderé siempre, no obsta para que su conducta deba pesar en su historial.

Que a un fiscal se le debe exigir una conducta irreprochable desde el punto de vista legal parece una obviedad, ¿cómo si no podría la Fiscalía personificada en sus fiscales intervenir en los procesos judiciales pretendiendo de los demás el cumplimiento de la ley? Así se ha considerado en el derecho español durante toda la democracia: el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal estable ya desde su redacción original que quien haya sido condenado por delito doloso está incapacitado para ejercer como fiscal. No existe una interpretación alternativa a la dicción literal clara del precepto que exige la separación del servicio para los fiscales condenados, con la salvedad de aquellos cuya condena sea inferior a seis meses, en que la decisión queda en manos de la fiscal general del Estado.

Las mismas voces de la Fiscalía que están en plena recogida de fondos para pagar solidariamente la multa del inhabilitado García Ortiz, se han apresurado a lanzar al debate público sus dudas interpretativas sobre unos preceptos (los artículos 41 y 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el artículo 32 del Reglamento de la Carrera Fiscal) que exigen inevitablemente la pérdida de la condición de fiscal para quien hubiera cometido un delito, actuando como tal o no. No son más que visiones interesadas de los mismos fiscales que son capaces de faltarle al respeto al mismísimo Tribunal Supremo desde los bancos de la sala de vistas y de esos que -para vergüenza de los cientos de fiscales españoles firmemente comprometidos con su alta función y con la defensa de la ley- han querido convertir el Ministerio Fiscal en un cortijo de su particular sindicato. El Equipo Fortuny, ya saben.

La ley es coherente con los deberes éticos y legales de los fiscales. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es claro y rotundo sobre la posición en que queda García Ortiz tras ser condenado en firme por la comisión de un delito doloso, quedándole impuesta la perdida de la condición de fiscal. Es simplemente eso, el exquisito cumplimiento de la ley, lo que debemos exigir a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, sobre todo si quiere demostrar que ha jurado su cargo para actuar con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad o si prefiere suceder a García Ortiz y a la nefanda Dolores Delgado, en su entrega de una institución fundamental del Estado de Derecho a los intereses del Gobierno socialista para aguantar un poco más a los enchufados, aquí y allá, en puestos de máxima responsabilidad, solo por pertenecer a la asociación progresista.

La impunidad no es una posibilidad y el cumplimiento de la ley, en un Estado de Derecho, no es una opción, ni queda a la discreción de nadie. Si Peramato decide proteger antes a García Ortiz que a la ley, estará dando el primer paso para ser la segunda fiscal general del Estado que se siente en el banquillo de los acusados. Le toca a ella decidir qué papel quiere jugar: si devolver a la Fiscalía a la dignidad o seguir engrasando la máquina del desprestigio.