Sánchez asfixia a los ayuntamientos por la falta de presupuestos: transporte y ayudas sociales en riesgo

La prórroga presupuestaria atribuida a la inestabilidad política y debilidad parlamentaria del Gobierno de Sánchez está teniendo un impacto directo en la vida diaria de los españoles. Un efecto que está provocando que los ayuntamientos estén al límite de sus capacidades financieras. Según un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, el transporte público, los programas de ayudas sociales y el mantenimiento de infraestructuras están en riesgo.

Con las cuentas del año 2023 prorrogadas -a partir del mes de enero cumplirán de manera automática su tercera moratoria-, los consistorios municipales están gestionando sus presupuestos en base a unos fondos que no responden a las necesidades actuales ni al incremento del coste de los servicios públicos.

El informe de la FEMP, elaborado por el equipo que dirige María José García- Pelayo, pone de manifiesto el efecto que la inexistencia de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, está llevando a una «situación de incertidumbre» que tiene un impacto directo en la elaboración de las cuentas de las administraciones públicas, incluyendo a las entidades locales.

En primer lugar, denuncian en su escrito que no se haya informado por parte del Ejecutivo central de las reglas fiscales para 2026 «para que los ayuntamientos y diputaciones pudieran conformar sus presupuestos teniendo en cuenta el techo de gasto». «Difícilmente puede un Ayuntamiento cumplirla si los parámetros sobre los que se basa su aplicación, esto es los límites a las reglas fiscales, se desconocen», apuntan. A lo que cuestionan si deben presentar presupuestos desconociendo estas normas o prorrogar, como ha hecho el Gobierno, sus propios presupuestos.

A este problema se suma también que, pese a haber sido solicitado por las entidades locales, se desconoce cuál es el incremento de las entregas a cuenta de la Participación en Tributos del Estado así como la liquidación de dicha Participación correspondiente al ejercicio 2024. 

Sin servicios públicos

Para la FEMP, la prórroga de las cuentas públicas para el presente año 2025 también ha impedido la utilización del superávit presupuestario por parte de las entidades locales. Según esgrimen en su documento, estas «seguirán acumulando remanentes sin poderlo destinar a financiar inversiones financieramente sostenibles».

No obstante, ponen el foco en los efectos que la falta presupuestaria está teniendo en la vida diaria de los españoles. En concreto, se está paralizando «la posibilidad de revisar subvenciones» así como las ayudas al «transporte público colectivo urbano o compensaciones a entidades locales por beneficios fiscales». También se está impidiendo la incorporación de nuevas medidas financieras como los «mecanismos de pago a proveedores» y la «revisión de los ámbitos subjetivos y objetivos de los fondos de entidades locales».

Un efecto en cadena que, por consiguiente, en lo que respecta a los ingresos a percibir por las entidades locales, está reduciendo incluso la capacidad de incorporar «nuevas prioridades fiscales» y dificultando «las previsiones reales de ingresos/transferencias».

No obstante, el informe de la FEMP señala que se estén produciendo situaciones de «riesgo de tensiones» en el Periodo de Medio Pago (PMP) y dificultad a la hora de reorganizar los pagos y ajustes económicos «por falta de seguridad» en la percepción de los fondos. Lo cual, advierten que lleve a que las entidades locales más perjudicadas sean aquellas en «situación económico-financiera delicada, con escasos recursos, con escasa capacidad tributaria y dependientes de las transferencias del Estado».

Críticas a Montero

El informe de la FEMP carga duramente con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que el organismo acusa de no haber publicado «ninguna instrucción o comunicación» acerca de cómo deben actuar las Entidades locales «en una situación de prórroga como la actual».

Por contra, critican en su escrito que desde su ministerio sí que hayan centrado sus esfuerzos en publicar información que, a su juicio,  «puede interferir negativamente si lo que se comunica contradice o modifica las previsiones que las entidades locales hubieran incorporado en sus presupuestos». Es decir, «no solamente las entidades locales operan en un entorno de incertidumbre, sino que incluso pueden verse penalizados por culpa de quienes provocan esa incertidumbre».