Montero eliminó el plazo de aviso a mujeres con cáncer de mama en Andalucía para no crear «ansiedad»

María Jesús Montero decidió en 2011, durante su etapa como consejera de Salud de la Junta de Andalucía, eliminar del protocolo de cribado del cáncer de mama cualquier referencia a plazos específicos para comunicar resultados dudosos. En la versión vigente del protocolo, instaurado por la hoy vicepresidenta del Gobierno, la comunicación a la paciente sólo se pospone hasta el momento del «informe de alta», una apuesta explícita por evitar «ansiedad» en las mujeres afectadas.

El programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía se remonta a 1995, pero durante sus primeros años careció de una regulación escrita que delimitara los tiempos y procedimientos a seguir. No fue hasta 2002 cuando la Consejería de Salud aprobó el primer protocolo formal para esta enfermedad. Dicha normativa inicial, sin embargo, no contenía ninguna mención sobre cuándo debía comunicarse a la paciente la necesidad de una segunda prueba tras una mamografía con resultado dudoso.

La evolución normativa dio un salto en 2005, cuando Montero ya ocupaba puestos de responsabilidad en el Gobierno andaluz. Aquel texto sí que introdujo plazos obligatorios para casos de diagnóstico BI-RADS 3, es decir, sospechas dudosas: el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se comprometía a comunicar esa situación en un máximo de treinta días. También se establecían otros plazos: 15 días para analizar la mamografía y entre 15 y 30 días para contactar a la paciente según el resultado del estudio.

Pero todas esas garantías desaparecieron en la revisión de 2011 con María Jesús Montero al frente de la cartera de Salud. El nuevo protocolo —que sigue vigente hasta hoy— eliminó por completo las referencias temporales, aunque mantuvo la exigencia de proporcionar una información «clara y precisa» a las usuarias. En concreto, el documento fija que la paciente recibirá el diagnóstico mediante el «informe de alta» (solo emitible después de la segunda prueba diagnóstica), y hasta ese momento sólo le es comunicada la fecha de la nueva cita.

Uno de los argumentos explícitos para ese cambio fue precisamente evitar generar «ansiedad» en las pacientes. El nuevo texto menciona la afección emocional que puede provocar una sospecha diagnóstica sin confirmación, elemento que ya se advertía de modo parapetado en el protocolo de 2005, cuando se aconsejaba evitar la «sobreimplicación» de las mujeres e incluso el «burn out» del personal sanitario. Esa lógica prevaleció frente al derecho a la información en el proceso diagnóstico.

El protocolo Montero, que se usa en la actualidad, fija que en los casos de BI-RADS 3 —indicativo de un hallazgo «probablemente benigno»— la pauta es repetir la mamografía entre seis y doce meses después, no antes de descartar una lesión. Esa franja busca evitar someter a las mujeres a irradiaciones innecesarias, pero también convierte en indefinido el período de espera para muchas pacientes frente a un escenario de posible cáncer.

El protocolo Montero

La polémica por esta configuración normativa ha explotado en los últimos días a raíz de la crisis en el cribado de cáncer de mama en Andalucía. Se han detectado cerca de 2.000 casos de mujeres que no fueron oportunamente informadas de que su mamografía arrojaba resultados dudosos. Algunas de ellas contaban con retrasos de meses, incluso años, sin comunicación oficial alguna más allá de la cita para una nueva prueba. Esta situación ha suscitado una grave movilización social, denuncias en los tribunales y un fuerte debate político que ha provocado la dimisión de la consejera de Salud andaluza.

Tras depurar responsabilidades, el PP de Andalucía (PP-A) ha situado el foco de la responsabilidad en el llamado «protocolo Montero». Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento andaluz, ha afirmado que «el origen del problema está en el protocolo Montero» y ha instado a partidos de la izquierda a incluirla en denuncias judiciales o exigir su dimisión como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Martín también ha destacado que, aunque el problema se origine en la modificación de 2011, eso «no ha sido excusa» para que el Ejecutivo actual no actuara con diligencia frente al colapso.

El gobierno de Juanma Moreno ha reconocido públicamente el «error», ha pedido «perdón a las personas afectadas» y ha activado un plan de choque con una auditoría para aclarar todos los extremos del fallo. Se destinarán 12 millones de euros para la contratación de 119 profesionales —65 radiólogos, 20 enfermeras, 18 técnicos en radiodiagnóstico y 16 auxiliares— trabajando incluso fines de semana para subsanar los retrasos antes del 30 de noviembre. Según la Junta, también se reformará el protocolo para que a partir de ahora las mujeres sean informadas «desde el primer momento» cuando haya sospecha diagnóstica.

Fuentes de la Junta aseguran a OKDIARIO Andalucía que en el nuevo plan de choque se dará prioridad absoluta a las pacientes con resultados pendientes y que los protocolos vigentes serán modificados para garantizar información inmediata. También promete que no habrá derivaciones a la sanidad privada: todo el proceso se asumirá desde la red pública. En ese sentido, destaca la expresión «giro radical» al protocolo Montero que propone restituir el aviso temprano a las mujeres desde el primer momento.