La UE repudia la ‘Ley Begoña’: vetar la acusación popular «es excesivo y socava» la lucha contra el delito
La UE advierte que revisará si se han cumplido sus recomendaciones en su informe de 2026
El comisario de Justicia exige a Sánchez "reforzar el estatuto del Fiscal General" antes de cederle la instrucción
La Unión Europea (UE) repudia la Ley Begoña, presentada por el PSOE para eliminar la acusación popular en causas judiciales con el fin de frenar las investigaciones que rodean al entorno personal y político de Pedro Sánchez. Bruselas se hace eco de las críticas de la oposición y pide al Ejecutivo socialista «reconocer» que «las limitaciones que establecería son excesivas y socavan» la lucha contra el delito.
El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha recordado en una respuesta por escrito las conclusiones del Informe sobre el Estado de Derecho en 2025. El documento recomendó «solucionar los escollos relativos a la duración de las investigaciones y enjuiciamientos con el fin de aumentar la eficiencia en la sustanciación de los asuntos de corrupción de alto nivel».
Del mismo modo, el Ejecutivo europeo exige a Sánchez que asegure la independencia de la Fiscalía antes de entregarle la instrucción de las causas penales. El comisario McGrath dice a Sánchez que «debe reforzar el estatuto del Fiscal General».
Concretamente, piden la «disociación temporal de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas en materia de independencia y autonomía del Ministerio Fiscal». Es decir, que el mandato del Fiscal General sea mayor o menor que las legislaturas de la administración central para que no coincida con el mismo período de tiempo, algo que el Ejecutivo sanchista ya había anunciado que haría.
Sin embargo, pide al Gobierno de Sánchez «reconocer» la posición contraria a la norma que vetará la acusación popular. Concretamente, el Ejecutivo europeo se hace eco de las críticas de «algunas partes interesadas»: «Las limitaciones que establecería son excesivas y socavan en la práctica el valor de este mecanismo».
Esta nueva normativa vaciaría de acusaciones populares los casos de corrupción que asedian al presidente del Gobierno. Su aprobación conllevaría excluir a Vox de las investigaciones que cercan a Begoña Gómez y al hermano de Sánchez o dejar fuera a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que está presente en la instrucción sobre la supuesta revelación de secretos del fiscal general del Estado.
«La evaluación por parte de la Comisión de las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones se expondrá en la próxima edición del Informe sobre el Estado de Derecho en 2026», advierte el Ejecutivo europeo.
Pregunta del PP Europeo
Esta respuesta llega después de que la eurodiputada del PP Dolors Montserrat preguntase a la Comisión sobre el «encaje en el Derecho comunitario de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en España».
Por un lado, la portavoz parlamentaria del PP Europeo recordó que esta nueva norma atribuirá la instrucción penal al Ministerio Fiscal, cuyo máximo representante «es nombrado por el Ejecutivo», apostillaba la representante popular.
En ese mismo sentido, lamentaba que esta nueva ley «limita el ejercicio de la acusación popular». «Diversas asociaciones judiciales y fiscales han advertido de que esta reforma puede comprometer la independencia judicial, el principio de separación de poderes y la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», argumenta la eurodiputada del PP.
El temor que Montserrat transmite a la Comisión es que esa reforma pueda «debilitar los mecanismos de investigación de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y a la corrupción».
Por todo ello, Montserrat preguntaba si la Comisión considera que la Ley Begoña «es compatible con los valores del Estado de Derecho del artículo 2 del TUE y con la independencia judicial prevista en su artículo 19».
Y, en segundo lugar, se interesaba por conocer si el Ejecutivo europeo prevé «evaluar esta norma en el próximo informe sobre el Estado de Derecho» y si tiene en mente «iniciar antes un diálogo específico con el Gobierno de España para que sea retirada».