Sánchez niega al niño de Canet la comisión de delitos de odio que sí permitió por una agresión homófoba ‘fake’

El pasado septiembre, el presidente del Gobierno salió en tromba a denunciar una supuesta agresión homófoba en Madrid. Según el relato aceptado por el Ejecutivo, ocho encapuchados habían asaltado a un joven en su portal y le habían grabado la palabra «maricón» en el glúteo. El Ejecutivo, escandalizado, anunció que utilizaría «todas las herramientas del Estado de Derecho» para «combatir los discursos y actitudes» que promoviesen el odio y montó una campaña contra otros partidos -especialmente Vox- acusándoles de promover, con sus mensajes, semejantes agresiones. El propio Pedro Sánchez no perdió ni un minuto para convocar, a bombo y platillo, la comisión de seguimiento del plan de lucha contra estos delitos. El denunciante confesaría después que la supuesta agresión había sido, en realidad, un acto consentido durante un encuentro de prácticas masoquistas. Es decir, que se la había inventado. Ahora, el mismo Ejecutivo calla ante el linchamiento que sufre una familia de Canet de Mar (Barcelona) tras lograr que la Justicia reconozca el derecho de su hijo, de sólo cinco años, a recibir el 25% de las horas lectivas en español.

Hasta ahora, el Ejecutivo se ha mantenido de perfil pese al evidente acoso a los padres y al pequeño. Por las redes sociales circulan desde hace días mensajes en los que se pide incluso «apedrear» su casa y obligarles a abandonar Cataluña. Ante el señalamiento, la familia ha tenido que dirigirse a la Justicia para reclamar protección y que se preserve su identidad. En el escrito, dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los demandantes describen la cacería por parte de los padres del centro escolar en el que estudia el menor. Señalan que «a raíz de la reunión que la dirección del centro mantuvo con los padres y madres de la clase en la que está matriculado» el pequeño se creó «un grupo público de Whatsapp que utiliza el logo del centro escolar y que tiene como finalidad dificultar la ejecución de las medidas cautelares» ordenadas por la Justicia y que obligan al centro a impartir un 25% de horas en castellano.

En ese grupo «se vierten gravísimas amenazas» hacia ellos y su hijo, afirman, incluso «solicitando que el centro identifique a la familia y al niño, del que se pide expresamente que sea expulsado del centro o que se le haga el vacío en la clase». «En comentarios más extremistas se reclama el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado».

Pese a la gravedad de los hechos, el Gobierno se mantiene totalmente al margen. La portavoz Isabel Rodríguez llegó a asegurar el martes que desconocía «los detalles» del caso, pese a que era ya de amplio conocimiento a través de los medios de comunicación. Este jueves, pese al clamor público para que el Gobierno tome medidas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha limitado a afirmar que las «amenazas o posibles amenazas» serán «investigadas». «Tengamos confianza tanto en la investigación de las fuerzas de seguridad como del Poder Judicial», ha añadido el ministro. Pedro Sánchez no se ha pronunciado.

El Govern alienta las protestas

El Gobierno ha evitado además desautorizar a la Generalitat que desde el principio ha arremetido contra los padres por pedir clases en español. El consejero de Educación incluso ha animado a participar en las protestas del separatismo que tendrán lugar este viernes a las puertas de la escuela con el único fin de seguir con el linchamiento.

«Que cada uno se exprese y manifieste en la línea que considere oportuna. Respetamos cualquier manifestación, como siempre hemos hecho», ha arengado Josep Gonzàlez-Cambray,  tras mantener una reunión con la dirección del centro y los padres en desacuerdo por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El consejero se ha negado a responder a los medios en español.

La secretaria general de la consellería de Educación, Patricia Gomá, ya instó a las familias de la escuela que estuviesen en contra de recibir el 25% de las clases en español a «hacer público su rechazo». Y la portavoz del Govern, Patricia Plaja, consideró la decisión judicial como «una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro» y criticó «que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es, por lo menos, sorprendente». Afirmaciones que no han recibido ninguna censura por parte del Gobierno socialcomunista.