Un juez desafía a Marlaska: los funcionarios de prisiones sí son agentes de la autoridad

El 28 de octubre de 2018, sobre las seis de la tarde, un preso de la cárcel de Segovia comenzó a llamar a voces a los funcionarios de prisiones que estaban de guardia para que acudieran a su celda. Ésta podría ser la parte introductoria de decenas de incidentes que se producen a diario en prácticamente la totalidad del casi centenar de establecimientos penitenciarios que hay en España. Pero si esta historia es diferente es por cómo ha sido juzgada y condenada.

El principal protagonista, el preso que demandaba la presencia de los funcionarios en su celda, tiene un perfil característicamente violento. A sus 35 años, sus antecedentes no dejan lugar a dudas. Es vecino de La Cañada Real, en Madrid. Un poblado marginal en el que la minoría de sus habitantes trata de ganarse la vida de forma decente. El resto suelen estar metidos en asuntos más o menos turbios.

Sus primeros antecedentes son de 2006, recién estrenada su mayoría de edad penal, por un robo con violencia al intentar sustraer el bolso de una mujer. En su ficha aparecen, además, delitos contra el patrimonio, robo de vehículos, robos con violencia en Rivas-Vaciamadrid -localidad a la que pertenece La Cañada-, detención ilegal e incluso malos tratos en el ámbito familiar.

Este tipo ya había sido condenado en el pasado por delitos tan graves como torturas, resistencia a la autoridad y contra la seguridad del tráfico y había protagonizado constantes entradas y salidas de prisión. En alguna ocasión no volvió a la cárcel correspondiente a seguir cumpliendo condena tras disfrutar de permisos y sobre él han pesado diversas órdenes de búsqueda y captura al considerarle huido de la Justicia. Sí, una joya.

«Hay que matarlos a todos»

El caso es que ese 28 de octubre este preso en concreto llamó a los funcionarios de prisiones, quienes, sabedores de lo que se les venía encima, acudieron a la celda, sí, pero tomando ciertas medidas. La principal, pedirle al recluso que se colocara contra la pared antes de que ellos entraran. El tipo obedeció, pero con los funcionarios ya dentro del ‘chabolo’ se revolvió contra ellos y se lió a puñetazos al grito de “hay que matarlos a todos, ya os pillaré en la calle. Tengo familia que va a ir a por vosotros, mañana estáis todos muertos”.

La agresión llegó a juicio porque uno de los funcionarios sufrió lesiones como consecuencia de los golpes. Nada grave. De hecho, lo lamentablemente normal en estos casos es que la agresión descrita apenas sea castigada fuera del ámbito disciplinar penitenciario. Unos días en régimen de aislamiento, tal vez alguna restricción en las llamadas al exterior y poco más.  Basta recordar la pírrica estadística defendida por Interior hace unas semanas según la cual apenas había un puñado de agresiones graves al año en las cárceles.

Y eso es lo que hace distinto este caso. Esta agresión llegó a los tribunales por el impulso que le dio el sindicato CSIF que, como acusación popular, consiguió una condena de 3 años y 3 meses de cárcel. ¿Más de 3 años de condena por unos puñetazos? Pues sí, pero porque el juez en cuestión lo condenó a más de dos años por delito de atentado. Los delitos de lesiones y amenazas completan el resto de la pena.

Lo curioso, o lo valiente, es que un juez condene a un recluso por atentar contra la autoridad que representa un funcionario de prisiones mientras el PSOE y Podemos tumban en el Congreso que se modifique el estatuto de los funcionarios para que se les considere precisamente eso: figura de autoridad. Incomprensible.

Sentencia ejemplarizante

Por eso, con un ministro del Interior como Fernando Grande-Marlaska -cuyo paternalismo con los presos solivianta a los trabajadores- al frente de las cárceles, CSIF considera esta sentencia ejemplarizante por la dureza de la pena y consecuente con el ataque a la autoridad de un trabajador de prisiones.

El sindicato asegura que seguirá trabajando “para que caiga todo el peso de la ley sobre cualquier interno que agreda a un funcionario en el desempeño de sus funciones». «Son muchas las agresiones y amenazas que se producen y la administración penitenciaria no puede mirar para otro lado, en estas situaciones», defienden.

En lo que va de año ya han trascendido casi 100 agresiones a funcionarios de prisiones en diferentes cárceles del país. Los trabajadores son conscientes de que un cambio en su estatus autoritario no va a cambiar el hecho de sufrir agresiones por una parte de la población reclusa pero, al menos, se impondrán las condenas a la altura de la gravedad de los hechos que sufren a diario en su trabajo.