La Guardia Civil registra el despacho del fiscal general para requisar sus dispositivos electrónicos

La Guardia Civil registra este miércoles el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para requisar sus dispositivos electrónicos. El máximo responsable del Ministerio Público está siendo investigado por un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El magistrado instructor del caso, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dado órdenes para incautar sus móviles y ordenadores para tratar de arrojar luz a los hechos. Se trata de unas diligencias que el Alto Tribunal ha declarado secretas. Los agentes tendrán que analizar las cuentas de correo electrónicas del fiscal general –incluyendo su email personal de Gmail– para determinar si hay indicios de que reenvió correos electrónicos del abogado de Alberto González Amador con la Fiscalía a medios de comunicación afines.

Por otra parte, el Supremo ha solicitado a Álvaro García Ortiz que designe abogado en la causa abierta contra. La medida tiene como objetivo evitar su indefensión en este proceso penal. El juez Hurtado señala que, mientras la fiscal jefe de Madrid –también imputada–, Pilar Rodríguez Fernández, está representada por la Abogacía del Estado, Álvaro García Ortiz aún no cuenta con representación. Por ello, el magistrado le requiere que nombre profesionales para su defensa, a fin de asegurar que sus derechos sean respetados. El fiscal general podría también apoyarse en la Abogacía del Estado para defender sus intereses y no tener que pagar un letrado privado de su bolsillo.

De esta forma, después de que el Alto Tribunal abriera un procedimiento penal contra él hace unas semanas, el magistrado instructor da nuevos pasos. Inicia diligencias que pueden ser claves para confirmar o descartar las pruebas contra García Ortiz.

Además, el juez Hurtado ha comunicado esta resolución a las acusaciones populares, entre las que se encuentran la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Sindicato Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), para que en cinco días se pronuncien sobre la posibilidad de agruparse, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otra parte, resuelve la solicitud de Alberto González Amador –acusación particular–, que pedía precisamente el acceso a correos electrónicos de la cuenta personal y profesional del fiscal general del Estado entre el 5 y el 18 de marzo de 2024. González Amador pedía específicamente los mensajes relacionados con un acuerdo de conformidad que su abogado propuso a la Fiscalía, en el que supuestamente reconocía dos delitos fiscales, planteando cumplir una pena de ocho meses de cárcel y pagar cerca de 525.000 euros para evitar el juicio. Manos Limpias pidió la suspensión cautelar de funciones de García Ortiz, solicitud de la que todavía no se conoce su resolución.

Correos

El Tribunal Supremo decidió investigar a Álvaro García Ortiz tras la denuncia por revelación de secretos interpuesta por Alberto González Amador. La querella menciona la difusión de una nota informativa de la Fiscalía de Madrid, en la que se detallaban intercambios de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso Julián Salto sobre una investigación por presunto fraude con la Hacienda pública. Ese fiscal ni conocía la vinculación del empresario con Ayuso. Días después García Ortiz asumió la responsabilidad de la publicación de dicha nota, lo cual ha derivado en una investigación sin precedentes contra un fiscal general del Estado.

González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid llevaron el caso a los tribunales, argumentando que la divulgación de estos correos violaba la privacidad y que la nota emitida excedía su propósito, revelando datos que no debían ser compartidos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluyó que, efectivamente, se debía abrir investigación y la derivaba al Supremo al ser García Ortiz un cargo aforado en ese órgano.

La Sala de lo Penal también decidió investigar a Pilar Rodríguez Fernández, quien presuntamente proporcionó información a García Ortiz para la elaboración de dicha nota. Aunque Rodríguez no goza de aforamiento, los magistrados consideraron que ambos casos están estrechamente relacionados, lo que impide abrir investigaciones separadas.