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El Gobierno empieza el lunes con sólo 8 menas el reparto impuesto a las comunidades autónomas

Más de 4.000 menores llegaron a las costas de Canarias después de la última crisis migratoria

Lo hace después de que el Supremo amenazase al Gobierno con sanciones si no se hacía cargo de ellos

Gobierno menas
Rafael Molina

El Gobierno de Pedro Sánchez comenzará el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) la semana que viene, pero sólo realizará ocho derivaciones de las Islas Canarias a la Península Ibérica, a pesar de los miles de menores que llegaron a las costas del archipiélago tras la última crisis migratoria. Así lo han confirmado este martes fuentes de la reunión interadministrativa en la que el Ejecutivo central y el de la autonomía canaria están decidiendo el reparto.

Lo hace después de que el Tribunal Supremo amenazase al Gobierno con sanciones si no se hacía cargo de los menores llegados en los últimos meses a las costas de Canarias. «Son competencia exclusiva del Estado», recordaba el auto del Alto Tribunal.

Sin embargo, en la misma cita se ha acordado que se vayan realizando las derivaciones semanalmente. La prioridad es que los jóvenes se destinen en recursos pequeños, que sean de titularidad estatal, y distribuidos a lo largo de todo el territorio. Las autoridades presentes en la reunión han puesto en valor que «prevalezca siempre» la «integridad, bienestar e interés superior» del menor.

Engloba, la organización no gubernamental que está colaborando con el Gobierno de Canarias en esta materia, está llevando a cabo las valoraciones individualizadas a los menores que han manifestado su disposición a trasladarse a la Península. Este es un trámite «clave» para poder cumplimentar este proceso con plenas garantías.

Después de que esta entidad haya cumplido con este primer paso, es el turno del Gobierno central y autonómico para realizar una selección de los perfiles que serían los primeros en trasladarse a la Península. Para realizar esta distinción, se tendrá en cuenta tanto las necesidades de los individuos como la disponibilidad en el destino final del reparto.

Perfil «altamente vulnerable»

A su vez el Ejecutivo señaló que los menas presentan un perfil «altamente vulnerable» porque, según señalan, la mayoría de ellas se encuentran solos huyendo de guerras. Además, han agregado que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses y que también hay niñas y adolescentes.

La valoración individual de los menores se tendrá que realizar también de la mano con el Ministerio Fiscal. Este requisito, considerado como «fundamental», asegura que se preserve en todo momento el interés superior del menor.

En su momento, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones de euros para dar cumplimiento al auto del Supremo y crear 1.200 plazas en la Península. El Ministerio de Migraciones aportó un total de 750 plazas, que se están concretando en la actualidad con las entidades habitualmente colaboradoras, para que estén disponibles «de forma inmediata».

Sin embargo, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, recurrió ante el Tribunal Supremo el decreto aprobado por el Gobierno central para el «reparto forzoso» de menores inmigrantes no acompañados. Lo hicieron porque consideraban que se «invadían competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, por falta de justificación de urgencia y por utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas».

El Consell de Mazón también recurrió al Supremo lo que consideraba una decisión unilateral y sin consenso con la Autonomía del Gobierno de España. El Gobierno autonómico advertía que se colapsarían los centros de la Comunidad Valenciana antes de que acabe el año y abocará a la Autonomía a un problema sin precedentes porque en los centros valencianos caben 322 menores no acompañados y en la actualidad hay 460. Por lo que, sumados estos a los que el Gobierno quiere enviar, 571 menas, se alcanzará los 1.031 menores en los centros.

Todo ello, mientras que el Gobierno reconoce que en estos momentos no dispone de información sobre la nacionalidad ni sobre la edad de los 4.000 menores inmigrantes que actualmente están en Canarias, y otros 400 en Ceuta, que pretende repartir entre estos territorios.

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