El Consell de Mazón recurre al Supremo la imposición de Sánchez de asignarle 571 menores de Canarias

El Pleno del Gobierno valenciano ha autorizado este martes a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso contencioso administrativo ante la Sala III del Tribunal Supremo contra el Real Decreto Ley 2/2025, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez impone «medidas urgentes» relacionadas con la atención a la infancia y a la adolescencia en situaciones migratorias extraordinarias. De facto, el recurso se interpone ahora contra el texto legal que sustenta la decisión unilateral y sin consenso con la Autonomía del Gobierno de España de trasladar otros 571 menores no acompañados (menas) de Canarias a pesar de que el sistema de acogida valenciano está saturado y ya no caben más.

Así, mientras el Gobierno ha decidido que no enviará más menores no acompañados a País Vasco y Cataluña, territorios de sus socios independentistas, sí mandará 571 a la Comunidad Valenciana. Un territorio, este último, que se encuentra al 160% de su capacidad tras haberla aumentado un 63% respecto al periodo de Ximo Puig con 122 nuevas plazas. Pero ya no caben más.

La Generalitat Valenciana ya presentó este 20 de mayo otro recurso, en este caso ante el Tribunal Constitucional por el desigual reparto de menas de Canarias. Ahora, el nuevo recurso obedece a que cualquier norma que desarrolle el Real Decreto antes citado y que está pendiente de que resuelva el Constitucional es susceptibles de resultar, precisamente, anticonstitucional. Y que esa norma contendrá posibles vicios de nulidad por el mismo recurso ya presentado. Es decir, según ha explicado Susana Camarero, «cualquier norma de desarrollo de ese decreto inicial estará viciada en sí misma».

El Gobierno valenciano considera que el reparto que ha ideado el de España invade competencias que no corresponden al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino al Consell, según ha explicado la vicepresidenta, portavoz y consellera de Igualdad, Susana Camarero. Entiende, además que la distribución elaborada por el Gobierno de España de esos menores inmigrantes no acompañados, no está «justificada ni negociada» en cuanto a los criterios sobre los que se sustenta la decisión.

Defiende, también, el Consell de Mazón, que el del Gobierno es un reparto «discrecional», porque autonomías como País Vasco y Cataluña no recibirán a un solo menor no acompañado frente a los 571 de la Comunidad Valenciana.

Camarero ha manifestado, que el Gobierno tampoco aporta los recursos necesarios para atender a los gastos que conllevan los 571 menores. En concreto, el Gobierno de Sánchez pretende llevar a la Comunidad Valenciana a esos menores con un presupuesto de distribución de 7,4 millones de euros. De los que según ha advertido, «sólo» se harán efectivos los tres primeros meses.

El coste diario de cada mena para la Comunidad Valenciana se eleva a 218,85 euros. Una cantidad muy superior a los 35 euros por menor resultantes de dividir los 7,4 millones que aportará el Gobierno de España entre los 571 menores. Camarreo ha señalado al Gobierno de Sánchez: «No va a contribuir con los recursos al mantenimiento de estos menores con la dignidad que merecen», que superarían los 45 millones de euros.

El sistema de acogida de menores en la Comunidad Valenciana está sobresaturado. En concreto, al 160%, con 314 plazas que con la llegada de los 571 menores casi triplicarían la situación actual y cuadruplicarían el número de plazas disponibles.