Mazón se rebela contra la imposición de Sánchez en el reparto de menas y lo lleva al Constitucional

El Gobierno valenciano ha autorizado este martes a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 2/2025 del Gobierno de España de medidas urgentes para la garantía de interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. De facto, el recurso se produce por el desigual reparto de menores inmigrantes no acompañados (menas) de Canarias. De hecho, el citado decreto ley regula la reubicación de menas desde zonas con recursos tensionados, como Ceuta o canarias, a otras Comunidades del Estado español.

Pero, además, el recurso de inconstitucionalidad de la Generalitat Valenciana tiene en su origen otras circunstancias, como el desigual reparto de menores inmigrantes y la escasa aportación económica del Ejecutivo de Sánchez para el mantenimiento de esos mismos migrantes. Apenas 1,2 millones de euros de un total de los 23 que cuesta a los valencianos mantener a esos menores, proceden del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En cifras porcentuales, poco más del 5%. 

Y, todo ello, en una Autonomía que está manteniendo a pulmón el proceso de reconstrucción tras la DANA, ante el abandono del Gobierno de Sánchez. «Hay una asfixia permanente», afirman fuentes del Ejecutivo.

El recurso del Gobierno valenciano ante el Tribunal Constitucional para acabar con la imposición de Sánchez en el reparto de menores no acompañados se fundamenta en cuatro cuestiones. En primer lugar, en que la norma elaborada por el Gobierno de Sánchez vulnera las competencias exclusivas de la Comunidad Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores.

«Conculca» los principios de cooperación, colaboración, coordinación y lealtad constitucional. El Gobierno valenciano considera, además, que el citado decreto ley infringe el principio de autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, porque obliga a la Generalitat Valenciana a asumir un gasto que no había sido ni previsto en sus presupuestos, ni tampoco llega acompañado de una dotación presupuestaria del Estado adecuada para atender a esos menores migrantes.

El Consell ve «injustificable» regular por decreto ley todas estas competencias. Y ello, porque afectan a derechos y deberes fundamentales, que están recogidos en el Título I de la Constitución española. Finalmente, el Gobierno valenciano ha criticado la falta de diálogo institucional del Gobierno de Sánchez: «Impone estas decisiones de forma unilateral», afirman.

Este 1 de abril, el Gobierno valenciano ya acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional este Real Decreto. El Ejecutivo de Carlos Mazón entendía ya entonces que el Real Decreto establecía unos criterios de distribución de los menores no acompañados que no habían sido previamente debatidos con las Comunidades. Y menos, en el marco en que debe hacerse: la conferencia sectorial. Por tanto, el Ejecutivo de Mazón consideraba, ya entonces, que era víctima de una imposición por parte de Sánchez.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Carlos Mazón ya reclamó a primeros de octubre de este 2024 y, por tanto, antes de la aprobación del Real Decreto, a Pedro Sánchez, que los menores procedentes de la inmigración ilegal fueran puestos a disposición del sistema de protección de menores de las Comunidades Autónomas «en el único caso de que su minoría de edad sea indubitada». Por tanto, que no hubiera dudas sobre la misma. 

Sin embargo, tal como publicó este 8 de febrero OKDIARIO, la Comunidad Valenciana había recibido entre diciembre de 2023 y el 20 de septiembre de 2024 un total de 85 menores no acompañados (menas) que las ONG colaron al de Sánchez en el denominado cupo de mayores o cupo canario que envió a la Comunidad Valenciana y que también pudieron colarle a ellas, porque los inmigrantes llegan sin documentación que acredite su edad, procedencia y origen en muchos casos. 

En cuanto al tema económico, también OKDIARIO adelantó este 9 de mayo que el Gobierno sólo aporta 1,2 millones de los 23 que cuesta al año a la Generalitat Valenciana mantener el volumen constante de 480 menas que les envía el Ejecutivo y que constituyen una cifra superior en 163 a los 317 que marcan su máxima capacidad.

El sistema valenciano de menores está sobrecargado. Exactamente, un 160% por encima de su capacidad. Esos escasos 1,2 millones que aporta el Gobierno de Sánchez apenas suponen en cifras porcentuales un 5,21% del coste de cuidado y mantenimiento de esos menores en suelo valenciano. El resto lo asume la Autonomía.

A todo ello se suma que el Gobierno de Sánchez ha decidido enviar otros 500 menores a la Comunidad Valenciana, mientras que a Cataluña sólo irán 20 en virtud del pacto con Junts. Una circunstancia que evidencia lo que Susana Camarero definió en su día como «una cesión al separatismo catalán».