Mazón se harta de las injerencias de Sánchez y lleva al Constitucional el reparto desigual de menas

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez que establece los criterios de redistribución de los menores no acompañados (menas) entre las comunidades autónomas.

El Consell de Mazón considera que ese decreto supone una clara injerencia en las competencias que ostenta en exclusiva en materia de protección de menores. Todo ello, según ha explicado este martes la consellera de Bienestar Social Susana Camarero.

En concreto, el Gobierno valenciano entiende que en ese decreto ahora recurrido el Gobierno de Pedro Sánchez establece unos criterios de distribución de los menores no acompañados que no han sido previamente debatidos con las Comunidades. Y menos, en el marco en que debe hacerse: la conferencia sectorial. Por tanto, el Ejecutivo de Mazón considera que es víctima de una imposición por parte de Sánchez y que el decreto conculca el principio de autonomía financiera, porque le cuesta el dinero a la Comunidad autónoma; de cooperación y de lealtad constitucional.

La decisión del Gobierno de Carlos Mazón viene de atrás. Y ha ido advirtiendo de ella en los últimos tiempos. En concreto, este 7 de julio de 2024, la consellera Susana Camarero ya advirtió públicamente que la Autonomía no iba a consentir el hacinamiento de menores inmigrantes.

Y solicitó, además, los recursos y la financiación necesaria al Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a un gasto de 219 euros diarios para cada uno de los 900 menas que a lo largo del año pasan por la Administración valenciana. Una media de 460-480 constante, que supone una sobreocupación del 160% en los albergues. 

A ello, se suma un problema más. Según ha denunciado también este martes la consellera Susana Camarero, el Gobierno de Sánchez trae a la Comunidad Valenciana dentro del contingente de inmigrantes a menores que se cuelan como adultos, porque el Ejecutivo de Sánchez, según ha explicado Camarero, no les hace las pruebas de edad en origen. En la última ocasión, según ha revelado Camarero, han sido ocho.

En cifras, según ha publicado OKDIARIO este mes de febrero, el Gobierno de Carlos Mazón ha recibido entre diciembre de 2023 y el 20 de septiembre de 2024 un total de 85 menores no acompañados (menas) que las ONG colaron al de Sánchez en el denominado cupo de mayores o cupo canario que envió a la Comunidad Valenciana y que también pudieron colarle a ellas, porque los inmigrantes llegan sin documentación que acredite su edad, procedencia y origen en muchos casos. La cifra ha sido confirmada por fuentes del propio Ejecutivo valenciano. 

Un caso en el que llueve sobre mojado, porque este 3 de octubre, tal como publicó OKDIARIO, Carlos Mazón reclamó a Pedro Sánchez, que los menores procedentes de la inmigración ilegal fueran puestos a disposición del sistema de protección de las Comunidades Autónomas «en el único caso de que su minoría de edad sea indubitada». Por tanto, que no hubiera dudas sobre la misma. Esta medida afecta a los denominados menas. Es decir, a los menores inmigrantes no acompañados.