El Gobierno de Mazón no aceptará hacinamiento en centros en los que ya residen menores inmigrantes

El Gobierno valenciano que preside el popular Carlos Mazón ha lanzado este miércoles una seria advertencia al de Pedro Sánchez: no aceptará hacinamiento en los centros en que ya residen menores inmigrantes no acompañados (menas). Además, ha solicitado al Ejecutivo de Sánchez los recursos y la financiación necesaria y que fue pactada hace ahora dos años: en 2022. Y que son un total de 23 en la Comunidad Valenciana. Así, lo ha manifestado, también este miércoles, la vicepresidenta segunda Susana Camarero.

Susana Camarero es la misma consejera que ha desbloqueado el procedimiento de indemnización para la joven que siendo menor fue abusada por el entonces marido de Mónica Oltra, después de que estuviera años paralizado, tal como ha publicado OKDIARIO.

Este miércoles, Susana Camarero ha recordado, en relación a otro tema importante, el de los menores inmigrantes no acompañados (menas) que la competencia en materia migratoria es exclusiva del Estado y que con ella no se debería buscar «rédito político» ni «tensiones» con las Comunidades Autónomas a las que se ha trasladado, por parte del Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez, una responsabilidad que no es la suya.

Según ha explicado Susana Camarero, también, el Gobierno ha «politizado» demasiado y de «forma interesada» la Conferencia Sectorial de Inmigración, a través de «filtraciones e, incluso, amenazas a las comunidades autónomas gobernadas por el PP». No ha dejado de meter cizaña, de enredar y de intentar hacer una cuestión política sesgada y manipulada de un drama humanitario», según EP. Mientras que para las comunidades autónomas, este tema «no es política». Es «gestión».

La vicepresidenta valenciana ha insistido en una cuestión clave, que ya este martes había adelantado el propio Carlos Mazón: la de que el reparto de menores inmigrantes no acompañados no está en el orden del día de este jueves de la conferencia sectorial de inmigración. Y que nada tiene que ver esto con lo que el Gobierno está planteando a las Comunidades, que es: una reforma de la Ley de Extranjería, ratificar el acuerdo de 2022 y un grupo de trabajo que «ya existe».

En referencia a si la Comunidad Valenciana acogerá a los 23 menores que le corresponden por el acuerdo de 2022, Camarero ha manifestado que la intención es revisar las condiciones de aquel acuerdo, porque «no fueron negociadas adecuadamente.

Además, ha explicado que la Comunidad Valenciana no puede acoger a un menor «que ponga en peligro» a los que ya se encuentran acogidos: «No voy a hacinar centros que tengo porque tengan otras Comunidades ese problema». Y ha explicado que mientras a la Comunidad Valenciana le cuesta 200 euros al día cada uno de esos menores, la Administración central, el Gobierno, calcula que el coste es menor, de 170 euros, por lo que ha reclamado que el Estado pague «el coste real» por cuidar «a los menores» que envía. Y ha advertido que la solidaridad debe estar compensada con la «seriedad, responsabilidad y rigor que este tema requiere», porque los menores necesitan tanto infraestructuras como personal que los atienda y acompañamiento permanente: «Recursos de personal de los que en estos momentos carecemos».