Ineco sancionó a 12 empleados por absentismo pero nunca investigó a Jésica por cobrar sin trabajar

La empresa pública Ineco ha sancionado a 12 empleados por ausencias laborales en los últimos cinco años, manteniendo una tasa de absentismo del 3% de media. Sin embargo, la compañía dependiente del Ministerio de Transportes nunca inició procedimiento disciplinario alguno contra Jésica Rodríguez, entonces pareja del ex ministro José Luis Ábalos, quien estuvo en su nómina durante dos años sin realizar actividad laboral efectiva.

La resolución oficial de Ineco, que desvela OKDIARIO, confirma la existencia de mecanismos de control que, a la postre, no detectaron la inactividad de Rodríguez entre marzo de 2019 y febrero de 2021. Durante este período, la ex pareja de Ábalos admitió ante el Tribunal Supremo que no trabajaba. En un audio dijo que «no tenía ni puta idea de lo que se hacía allí». Nunca desarrolló función profesional alguna.

Los datos oficiales muestran tasas de absentismo preocupantes en Ineco: 2,98% en 2020, 2,81% en 2021, 3,00% en 2022, 2,71% en 2023 y 3,20% en 2024. Estas cifras incluyen «contingencias comunes, accidentes laborales o enfermedades profesionales y por permisos de maternidad o paternidad y protección del embarazo».

La empresa ha confirmado que cuenta con la «Herramienta de Partes de Trabajo, que contabiliza y asigna las horas trabajadas al proyecto correspondiente en curso, y con el sistema de registro de control horario». Estos sistemas, aparentemente eficaces para detectar otras irregularidades, no identificaron la ausencia prolongada de Jésica Rodríguez para el puesto en el que había sido contratada.

Sanciones por absentismo

Ineco ha aplicado su protocolo disciplinario de manera consistente con otros empleados. En los últimos cinco años, «el número de personas sancionas por ausencias es de doce», según confirma la documentación oficial.

El procedimiento establecido determina que «ante situaciones de absentismo laboral injustificado se sigue el procedimiento interno de detección de ausencia». Sin embargo, este protocolo nunca se activó en el caso de Jésica Rodríguez, pese a las evidencias posteriores de su inactividad.

La ex pareja de Ábalos fue contratada «desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021» en Ineco, según consta en el sumario del caso. Durante este período, según ha dejado por escrito el juez Leopoldo Puente, «no desplegó actividad laboral alguna».

En audios interceptados por la UCO, Rodríguez mostraba su perplejidad ante las obligaciones laborales básicas: «Resulta que la ficha también hay que cambiarla de nombre cada día. Me parece tan absurdo lo que hace esta gente». Su desconocimiento sobre las funciones era palmario: «No sé qué cojones tengo que poner».

Control de presencia

Ineco mantiene sistemas de seguimiento que incluyen partes de trabajo y control horario. La empresa publica anualmente información sobre gestión laboral en su «documento Estado de Información No Financiera», aunque, dice, no ha elaborado estudios específicos sobre absentismo.

La compañía confirma que no ha remitido «ninguno» caso relacionado con absentismo a la Fiscalía o tribunales de justicia. Esta ausencia de derivaciones judiciales contrasta con la gravedad que podría revestir el caso de Jésica Rodríguez, quien cobró un salario público durante muchos meses sin contraprestación laboral.

El magistrado del Supremo considera «particularmente reveladoras» las comunicaciones sobre la contratación de Rodríguez y ha enviado el caso a la Audiencia Nacional por posibles «indicios de criminalidad». La empleada con pasado como escort en lugar de negar los audios –como hace Santos Cerdán– admitió que nunca trabajó ni en Ineco ni en Tragsatec. Acudió al Supremo totalmente tapada preservando su identidad.

La documentación revela que Ineco rechaza identificar a los responsables del control de absentismo por protección de datos personales. La empresa argumenta que facilitar tal información «supondría un tratamiento de datos» no autorizado según el Reglamento General de Protección de Datos. En lugar de consultarles a ver si tienen inconveniente en que se conozca su identidad, la empresa opta por el oscurantismo.

Por su parte, otros ministerios consultados reportan un total de 22 expedientes disciplinarios por absentismo laboral en los últimos cinco años. El Ministerio de Cultura registra el mayor número (9 casos), seguido por Agricultura (4 casos más 2 abiertos actualmente), y los ministerios del Interior, Industria y Hacienda con 3 casos cada uno. De estos 22 casos, sólo uno resultó en despido (en la Dirección General de Tráfico), otro en una suspensión de 90 días, y uno se archivó por jubilación.

El caso de Jésica Rodríguez evidencia una singular laxitud en la aplicación de protocolos cuando el empleado goza de presunta protección institucional. Una dejadez que convierte la ecuanimidad disciplinaria en una quimera para las empresas públicas españolas.