Ex empleados de la empresa de Jésica estallan: «Sufrí un despido ilegal mientras ella cobraba sin trabajar»

Trabajador y ex trabajadores de la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, muestran su malestar tras conocer que Jésica Rodríguez, ex amante y escort de José Luis Ábalos, cobraba del Estado sin trabajar. Destacan el largo historial de esta compañía pública para tratar de no pagar un céntimo de más. En ocasiones, la Justicia le ha parado los pies.

Por ejemplo, Manuel revela en una entrevista exclusiva con OKDIARIO cómo logró ganar una batalla legal de 11.000 euros contra la compañía tras ser despedido de manera improcedente, como recoge una sentencia. La empresa intentó eludir sus responsabilidades laborales mediante una concatenación de contratos temporales que fueron finalmente declarados en fraude de ley por los tribunales. No es un caso único, otras sentencias consultadas reflejan esta conflictividad laboral. El malestar en la plantilla de Ineco y en sus representantes sindicales es total.

«Yo trabajé estupendamente, pero al final me la quisieron jugar robándome dinero. Como yo no me dejo jugar, los demandé», explica el ex empleado, un ingeniero que trabajaba en el sector de la construcción. «Me hacían decenas de contratos, que eso lo hace todo el mundo. Estaba acostumbrado a tener millones de contratos. En lo privado se entiende, pero en lo público esperas que no es así», añade.

El caso, que llegó hasta el Tribunal Supremo, que ni llegó a admitir el recurso de la empresa tras dos victorias judiciales de Manuel. El Alto Tribunal condenó al pago de las costas a la empresa de Transportes por recurrir sin ningún viso de ganar el pleito.

Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), puso de manifiesto esas prácticas laborales cuestionables dentro de una empresa pública. La sentencia, de marzo de 2022 –cuando Jésica cobraba sin trabajar de Ineco y, según un email, cobraba por acompañar a Ábalos a viajes–, confirma que Ineco encadenó al menos seis contratos temporales al trabajador desde 2018 hasta 2021, todos ellos sin justificación real de temporalidad.

«Estuvimos los últimos dos o tres meses trabajando siete días a la semana durante dos semanas, 12 horas al día. Por tanto, generábamos muchas vacaciones», explica el ingeniero. El conflicto surgió cuando, tras terminar su último contrato, la empresa le liquidó 20 días de vacaciones acumuladas pero contabilizando días naturales en lugar de laborables. «Me querían robar ocho o diez días. Entonces les dije que no estaba conforme», recuerda.

Juicio a Ineco

Según documenta la sentencia del TSJG, el trabajador fue contratado inicialmente el 8 de mayo de 2018 bajo la modalidad de «eventual por circunstancias de la producción», alegando una «acumulación de tareas motivado en la Gerencia de Infraestructuras para prestar apoyo técnico en la estabilización y reparación de taludes».

Sin embargo, durante todo el tiempo que estuvo vinculado a Ineco, sus funciones reales fueron las de «jefe de circulación y supervisor de desvíos, primero en un tramo y luego en otro, en el norte del país, además de realizar funciones de inspección de vía», según consta en los hechos probados.

Tras este primer contrato, le siguieron otros tres contratos eventuales más, un contrato de interinidad y, finalmente, uno por obra o servicio determinado. «Todos con causas genéricas e imprecisas», según valoró el tribunal, que consideró que existía «una unidad esencial del vínculo» y declaró que su relación debía considerarse indefinida desde el inicio.

El ex empleado relata a este periódico que, tras consultar con un amigo que es juez precisamente de lo social, decidió plantarle cara a la empresa: «Les dije que, o me pagaban los días que me debían, o me iba a juicio. Me contestaron que si me iba al juzgado no me contratarían en la vida. Efectivamente, luego volvieron a contratar gente y a mí no».

«Me fui a juicio. Perdieron, reclamaron en segunda instancia y al Supremo, y no fueron al Constitucional y a la Haya de milagro. Lo perdieron todo», explica con satisfacción el trabajador. El tribunal declaró el despido improcedente y obligó a Ineco a readmitirlo o indemnizarle considerando su antigüedad real desde 2018.

Prácticas generalizadas

El caso va más allá de una simple reclamación individual. El ingeniero denuncia que estas prácticas son habituales en empresas públicas como Ineco o Tragsa, que según él ejercen «competencia desleal» con las empresas privadas. «Aunque sea una empresa pública que se supone que son honrados, al final son menos honrados que las privadas», sentencia.

«Hay una asociación de empresas que se dedican a redactar proyectos, que ha demandado a Ineco varias veces porque le dan a dedazo las obras y a unos precios al triple que se lo darían a una empresa privada que concursa», denuncia el ex trabajador.

Este caso ejemplifica un problema que afecta a muchos sectores públicos españoles. La sentencia del TSJG es contundente al afirmar que «todos los contratos temporales suscritos lo fueron en fraude de ley», destacando que la causa alegada en los contratos era «absolutamente imprecisa y genérica».

El relato de este trabajador, que se define políticamente «de izquierdas» aunque critica duramente a los partidos progresistas españoles, muestra el drama de la temporalidad en el empleo público, un problema que las reformas laborales han intentado atajar con resultados desiguales.

«Al final, me reconocieron como si fuera un fijo discontinuo porque habían hecho contratos ilegales», concluye el trabajador, que recomienda a otros en su situación que no duden en acudir a los tribunales aunque las empresas amenacen con represalias: «Yo les dije que me parecía muy bien, que yo con empresas de impresentables no quería trabajar. Así se lo dije también directamente a ellos».