Los abogados de Antxon Alonso, el socio de Cerdán y fontanero de Sánchez con Bildu, abandonan su defensa

Los letrados Martín Zudaire Polo, Myriam Ayerra Eusa y Blanca Sardina Rovira, junto con la procuradora, han presentado su renuncia formal a la defensa de Joseba Antxon Alonso Egurrola en la causa especial del Tribunal Supremo conocida como caso Koldo. El empresario vasco, célebre por ser el intermediario entre el PSOE y Bildu y socio del encarcelado Santos Cerdán, se queda sin representación legal en un momento crítico del procedimiento judicial.

La documentación ha sido registrada en el sistema LexNET este lunes 4 de agosto de 2025. Revela que el equipo jurídico ha comunicado de manera escueta su decisión sin desvelar las razones del abandono. Los tres abogados colegiados han optado por desligarse de un caso que cada vez genera mayor controversia política.

«Mediante el presente escrito ponemos en conocimiento de la Sala que los letrados y procuradora que lo suscriben renuncian a la defensa y representación del Sr. Alonso Egurrola en la presente causa», reza textualmente el documento fechado el 31 de julio de 2025.

La Sección 4ª de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ahora deberá requerir al procesado para que designe nueva representación legal que continúe con su defensa en una causa que investiga presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos millonarios.

Empresario clave

Antxon Alonso, natural de Elgoibar (Guipúzcoa) y conocido como Guipuchi, Guipu o simplemente G, se ha revelado como una figura política clave tras su intermediación entre el PSOE y formaciones nacionalistas vascas. El empresario, que ostenta 20 cargos en 14 empresas diferentes, fue administrador de Servinabar 2000, firma central en la trama de contratos públicos investigada por el Tribunal Supremo.

Su perfil discreto contrasta con la magnitud de sus vínculos políticos. Amigo íntimo de Santos Cerdán desde hace más de una década, Alonso facilitó reuniones cruciales con Arnaldo Otegi que permitieron al PSOE obtener el apoyo de Bildu en momentos parlamentarios decisivos. También está bien relacionado con el PNV y Geroa Bai.

La relación entre ambos empresarios trasciende lo personal. Según la Guardia Civil, en 2016 Alonso firmó una escritura privada por la que Cerdán pasaba a tener un 45% de las participaciones de Servinabar. Presuntamente, gracias a esta sociedad, las empresas de Alonso lograron adjudicaciones millonarias como las del túnel de Velate o el estadio Navarra Arena.

Según ha confirmado el propio Santos Cerdán, fue clave para abrir líneas de comunicación con el PNV y Bildu. Una de sus misiones más delicadas fue organizar encuentros entre Arnaldo Otegi y Santos Cerdán. El líder de Bildu ha confirmado públicamente haberse reunido en al menos dos ocasiones con Alonso y Cerdán, estableciendo una vía directa entre la izquierda proetarra y los socialistas navarros.

Alonso reconoció ante el juez Leopoldo Puente el pasado 7 de julio que «Santos Cerdán firmó el documento donde aparece como socio de Servinabar», aunque aseguró que el contrato «se quedó olvidado en el trastero» y nunca llegó a ejecutarse.

El empresario logró en julio de 2018 un contrato para la construcción de un colegio en Arbizu (Navarra), localidad gobernada por Bildu. La obra, adjudicada por 3,1 millones de euros, fue a parar a la UTE formada por Acciona y Alegure, sociedad de Antxon Alonso.

Durante el registro de su domicilio, la UCO encontró más de 16.000 euros en efectivo guardados en bolsas de plástico. Alonso explicó ante el juez que la aparición de su nombre en el sumario del caso Koldo le ha ocasionado «daño reputacional al vivir en un pueblo pequeño».

La renuncia simultánea de tres letrados en un mismo procedimiento constituye un hecho llamativo. Habitualmente, cuando un abogado abandona una defensa, sus compañeros de bufete mantienen la representación para garantizar la continuidad del proceso.

El plazo para que Alonso Egurrola designe nueva representación será fijado por el tribunal en los próximos días. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado  y conseguido medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales para los investigados.

La causa especial se encuentra ahora en una encrucijada procedimental que podría dilatar su desarrollo. El empresario vasco deberá encontrar letrados dispuestos a asumir un caso cuya enjundia política y mediática parece haber disuadido a un equipo experimentado que prefiere mantenerse al margen de los procelosos derroteros judiciales y mediáticos que aguardan.