El reparto de menas impuesto por el Gobierno colapsará los centros de Valencia: caben 322 y habrá 1.031

El reparto de menores no acompañados (menas) impuesto unilateralmente por el Gobierno de Pedro Sánchez colapsará los centros de la Comunidad Valenciana antes de que acabe el año y abocará a la Autonomía a un problema sin precedentes a pesar de los constantes avisos del Ejecutivo valenciano al de Sánchez a este respecto. No es falta de solidaridad. Es que no hay más espacio, como evidencian los números: en cifras absolutas, en esos centros caben 322 menores no acompañados. En la actualidad hay 460. Es decir, que ya albergan a un 142,8% por encima de su capacidad. Ahora, en cifras oficiales, el Gobierno quiere enviar otros 571 menas a la Comunidad Valenciana, con lo que se alcanzará los 1.031. Cuando ese hecho se produzca, estarán al 320% de su capacidad.

El Gobierno valenciano ya autorizó este 20 de mayo a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 2/2025 del Gobierno de España de medidas urgentes para la garantía de interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. De facto, el recurso se producía por el desigual reparto de menores inmigrantes no acompañados (menas) de Canarias. De hecho, el citado decreto ley regulaba la reubicación de menas desde zonas con recursos tensionados, como Ceuta o Canarias, a otras Comunidades del Estado español. 

Aquel recurso de inconstitucionalidad de la Generalitat Valenciana tenía en su origen otras circunstancias, como el desigual reparto de menores inmigrantes y la escasa aportación económica del Ejecutivo de Sánchez para el mantenimiento de esos mismos migrantes. Apenas 1,2 millones de euros de un total de los 23 que cuesta a los valencianos mantener a los 460 menores, proceden del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En cifras porcentuales, poco más del 5%. 

Este 17 de julio, El Gobierno se ha visto obligado a suspender la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores inmigrantes no acompañados, que estaba prevista para este jueves, después del plantón de los dirigentes del PP. El Ejecutivo central ha comprobado la falta de quorum para llevar a cabo la cita sobre el reparto de menas, después de que desde el PP se haya considerado «ilegal» la misma, tal como ha publicado OKDIARIO.

Entre los que sí han asistido se encontraban Cataluña y el País Vasco, que salen a cero inmigrantes en el reparto por el «esfuerzo previo durante los últimos años». Un esfuerzo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no reconoce a la Comunidad Valenciana a pesar de hallarse ya al 142% de su capacidad y del coste del mantenimiento de esos menores en un momento en que, además, la Autonomía afronta «a pulmón» la recuperación tras la DANA. 

En el caso de la Comunidad Valenciana, la solidaridad del Ejecutivo de Mazón ha sido máxima siempre con este tema. Pero el sistema está saturado, el Gobierno no aporta el dinero suficiente para mantener a esos menores y si llegan esos 571 nuevos menos habrá cuatro menores por cada plaza. Es decir, habrá 320 en cada espacio en que caben 100.

El problema se ha agravado más este mismo 17 de julio, porque la ministra Sira Rego ha anunciado unilateralmente que el traslado de los hasta 3.975 menores migrantes no acompañados a las autonomías, todas menos País Vasco, Cataluña, además de Canarias, Ceuta y Melilla, comenzará este 28 de agosto. Es decir, en pleno verano. Y que ese traslado se sustentará en un decreto que el Consejo de Ministros aprobará el 26 del mismo mes.

Según han revelado fuentes del Ejecutivo valenciano a OKDIARIO, el Gobierno aportará 7,5 millones de euros a la Autonomía. Pero, la cantidad es claramente insuficiente. De hecho, las mismas fuentes apuntan que esos recursos apenas dan para poco más de tres meses. Y de ninguna manera para un ejercicio completo de 12 meses.

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, portavoz y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha acusado al Gobierno de Sánchez de seguir adelante en esta cuestión «si aval, sin consenso y sin respeto a los menores».