Mónica García paga 3 millones en psicólogos por la DANA a una fundación afín saltándose un informe legal

Fundación afín

La Fundación CSAI, dependiente del Ministerio de Sanidad, está presidida por Alberto Oliver, ex diputado regional de Más Madrid, el partido de Mónica García. La Mesa de Contratación se constituyó el 30 de abril de 2025 y el 20 de mayo requirió a la Fundación Manantial que subsanase documentación menor en un plazo de tres días hábiles.

Pese a conocer estos defectos, Alberto Oliver aprobó la tramitación del expediente el 26 de marzo de 2025, apenas unos días después del contundente informe de reparos. La Fundación envió las invitaciones a participar ese mismo día a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, evidenciando la premeditación en ignorar las advertencias legales.

Oliver formalizó el contrato con Elena Biurrun, directora general de la Fundación Manantial, ex alcaldesa de Torrelodones por Vecinos por Torrelodones y ex jefa de gabinete del ex ministro socialista José Luis Escrivá. La adjudicación se aprobó el 23 de mayo por «la mejor relación calidad-precio», según consta en el acta oficial, pese a tratarse de un procedimiento sin publicidad con una sola oferta.

Biurrun ha sido parte del Gobierno de España en el equipo del que fuera ministro de Seguridad Social e Inclusión. Forma parte de una nutrida cantera política que ha desembarcado en el Gobierno de Pedro Sánchez desde su partido independiente. Su marido es Santiago Fernández, que ha trabajado directamente en Moncloa como jefe de la Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación, encargado del reparto de fondos europeos.

El matrimonio dejó un agujero de 100.000 euros en las arcas de Torrelodones durante su gestión municipal. Fernández, como concejal de Urbanismo, protagonizó una operación controvertida con una constructora que mermó las finanzas locales.

La red de Vecinos por Torrelodones (VxT) en el Gobierno sanchista se extiende a otros fundadores como Ángel Guirao y Rosa Rivet, todos con cargos que han estado bien remunerados. En el PP siempre consideraron que esta formación era una «marca blanca» del PSOE en una de las localidades de mayor renta de Madrid. Del propio PSOE de Torrelodones, el que fuera su líder Juan Ignacio Díaz Bidart también pasó por el Ejecutivo hasta que fue cesado tras la polémica con la reunión en el Ministerio de Industria con la trama del caso hidrocarburos.

Irregularidades técnicas

El problema más espinoso del contrato radica en la aplicación del IVA. La Abogacía advierte que sólo están exentas las prestaciones médicas directas, no los gastos auxiliares como equipos informáticos, viajes o alojamientos. Esta confusión podría generar un «problema fiscal significativo», según el informe. Sin embargo, oídos sordos.

Los juristas también criticaron la redacción «plagada de imprecisiones e incorrecciones jurídicas» y la inclusión de cláusulas «claramente contrarias a derecho». El procedimiento de urgencia, aunque justificado por la catástrofe, no subsana estos vicios de forma. Como sucedió en el caso Koldo con las mascarillas al calor de las emergencias, se cometen maniobras cuestionables.

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda estableció que la exención del IVA requiere que los servicios tengan «una finalidad terapéutica, de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades». Los servicios auxiliares quedan excluidos de esta protección fiscal.

El informe concluye de forma taxativa: «Por todo lo expuesto, esta Abogacía del Estado informa desfavorablemente el documento sometido a informe». Una conclusión jurídica demoledora que la Fundación CSAI decidió obviar.

La actuación de Sanidad constituye una aberración administrativa que compromete tanto la legalidad del proceso como la eficacia de la ayuda destinada a los damnificados valencianos. Los afectados por la DANA merecían una gestión ejemplar pero se han topado con un contrato viciado del equipo de Mónica García que beneficia a la red clientelar del Gobierno, mientras desprecia una vez más el Estado de Derecho.