Reparto de menas

El PP planta al Gobierno y obliga a suspender la reunión «ilegal» para el reparto de menas

El Ministerio de Juventud e Infancia, con Sira Rego al frente, ha informado de la suspensión

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Nacho Atanes

El Gobierno se ha visto obligado a suspender la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores inmigrantes no acompañados, que estaba prevista para este jueves, después del plantón de los dirigentes del Partido Popular. El Ejecutivo central ha comprobado la falta de quorum para llevar a cabo la cita sobre el reparto de menas, después de que desde el PP se haya considerado «ilegal» la misma.

El Ministerio de Juventud e Infancia, con su titular Sira Rego al frente, ha informado media hora después del horario previsto para el comienzo de la reunión de su suspensión. Habían asistido de forma presencial a la misma el consejero de Ceuta, único representante del PP, así como los miembros de Canarias, País Vasco, Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha.

«Nos negamos a ser cómplices de la falsa solidaridad», han recalcado las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que han protagonizado el plantón de este jueves al Gobierno. Además, inciden, tras los disturbios acontecidos en Torre Pacheco, que la Conferencia Sectorial no va a resolver el problema migratorio en las Islas Canarias con el reparto desigual de menas, sino que apunta a provocar mayor «enfrentamiento» entre los territorios.

En esta cita estaba previsto tratar con las autonomías el plan del Gobierno de trasladar unos 3.000 menores inmigrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, para aliviar los recursos saturados de las zonas de llegadas. Cataluña y País Vasco son los grandes beneficiados de este reparto.

Las comunidades presididas por el Partido Popular han mostrado desde el principio una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno. De hecho, 10 de estas autonomías y Castilla-La Mancha han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional.

Ahora estas comunidades populares han dado un paso más al negarse a acudir a una reunión de estas características, bajo el argumento de que el orden del día fue impugnado en una cita previa y, por lo tanto, la convocatoria de la misma es «ilegal», si bien desde el Ministerio de Juventud e Infancia lo niegan tajantemente.

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