Ayuso lleva al Supremo el reparto «forzoso» de menas y el Gobierno dice que los rechaza «por ser negros»

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante el Tribunal Supremo el decreto aprobado por el Gobierno central para el «reparto forzoso» de menores inmigrantes no acompañados. El Ejecutivo central, representado en la figura del ministro Ángel Víctor Torres y del delegado en Madrid, Francisco Martín, se escuda en que desde la región madrileña se descarta a los menas por ser «de raza negra» y en que por ello el Ayuntamiento de Pozuelo ha ordenado el cese de las actividades en el centro de inmigrantes del municipio.

El recurso del PP de Madrid viene explicado desde la consideración de que el reparto de menas «vulnera competencias autonómicas». El texto desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, impugnado por la Comunidad de Madrid y otras 10 autonomías «por invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, por falta de justificación de urgencia y por utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas».

A través de diversas vías, el Ejecutivo regional presidido por Ayuso, reclama al Gobierno de España la remisión «urgente» de la información usada para la elaboración del «reparto forzoso» de menas, acordado con Junts y que exime a las comunidades de Cataluña y País Vasco. La distribución se considera «diseñada para penalizar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y beneficiar a los socios nacionalistas del Gobierno central».

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que «no se puede nadie negar a cumplir una ley» tras una reunión en Gran Canaria con los delegados autonómicos del Gobierno para poner en marcha el reparto de menores inmigrantes.

«La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, no quiere que haya, lógicamente, menores que están en Canarias y que vienen de África», ha espetado Torres este jueves, y se ha referido al centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón, cerrado debido a que carece de la licencia urbanística adecuada para funcionar como centro de acogida de carácter residencial. «A día de hoy hay menores en ese centro», se ha justificado el ministro de Sánchez.

Por su parte, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha acusado al Ejecutivo regional de «una especie de racismo preventivo» en relación al cierre del centro de inmigrantes, porque tienen «dificultades» para que «acojan a menores, a unos menores, a los que tienen raza negra». Además, ha considerado que «a otros» inmigrantes «se les abren las puertas».

Madrid defiende el cierre

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, ha apoyado este jueves la decisión de cerrar temporalmente el centro de inmigrantes, tomada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y acusa al Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, al delegado en Madrid, Francisco Martín de contar con «alergia a cumplir las leyes».

El consejero de Ayuso defiende que el Ayuntamiento pozuelero está «aplicando la normativa» ante un centro de inmigrantes que «no reúne las condiciones» y que  «por tanto no puede utilizarse de manera permanente para la acogida de inmigrantes y en general para ser un centro que pueda acoger a personas que pernoctan».

«Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gestionan y lo hacen bien y además cumplen las normas y atienden sus propias competencias y ese centro no está habilitado para poder ser un centro de acogida permanente», ha añadido este jueves García Martín, para recalcar a continuación que el Ayuntamiento de Pozuelo está cumpliendo «las normas» y diciéndole «a otra administración que no puede utilizar una instalación que no está prevista para el uso residencial para la acogida de personas». «Cada uno está ejerciendo sus competencias», ha zanjado sobre la coincidencia entre el anuncio del cierre del centro de inmigrantes y del recurso de la Comunidad de Madrid al decreto migratorio del Gobierno.