García Ortiz pidió la dimisión del fiscal general del Estado Maza cuando él era portavoz de la UPF

Álvaro García Ortiz, el imputado fiscal general del Estado a quien el Tribunal Supremo sentará en el banquillo acusado del delito de revelación de secretos y que, a pesar de ello, se aferra al cargo, pidió en 2017 la dimisión de quien entonces ostentaba su cargo, José Manuel Maza. El actual fiscal general, que defiende su continuidad en el cargo porque, dice, es «lo menos gravoso y más prudente para la institución» sí exigió en su momento la renuncia de un Maza que, a diferencia de él, ni siquiera estaba imputado por cargo alguno. La simple razón que hizo que García Ortiz considerase entonces que Maza debía abandonar su cargo era que había mostrado su apoyo al ex fiscal Manuel Moix tras desvelarse que participaba en una sociedad constituida en Panamá.

Álvaro García Ortiz era el presidente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en junio de 2017, cuando se posicionaron en contra del entonces fiscal general del Estado. Dijo entonces García Ortiz: «Nosotros pedimos su dimisión, era necesario en la Fiscalía que se oyeran las discrepancias que pueden surgir cuando hay comportamientos que nos parecen autoritarios o con los que no estamos conformes. Es nuestra obligación hacerlo». García Ortiz y la UPF se expresaron con dureza por la mencionada defensa que hizo Maza de Moix, ex fiscal jefe de Anticorrupción, que dimitió tras perder el respaldo del Gobierno del PP aquel 1 de junio de 2017.

El giro de la Unión Progresista de Fiscales con respecto a la legitimidad para mantenerse como fiscal general del Estado es de 180 grados, toda vez que ahora, tanto la asociación como el propio señalado no consideran que una imputación -un proceso judicial de un calado muy superior al de unas meras declaraciones, como fue el caso de Maza- sea motivo para exigir dimisiones. El propio presidente actual de la UPF, Félix Martín, defiende que su antecesor en su organización no debe dimitir porque les «pondría en una posición de enorme debilidad». Sostiene la UPF que «si no analizamos las circunstancias, cometeríamos una injusticia clamorosa», y llega incluso a contradecir al propio Tribunal Supremo: «No existe ningún elemento que permita sentar en el banquillo a Álvaro García Ortiz».

Para Álvaro García Ortiz, en 2017 debía prevalecer la integridad del Ministerio Fiscal, y la dimisión era la única solución ante una crisis interna. Ahora, en 2025, y camino del banquillo como imputado por el delito de revelación de secretos, el criterio es el opuesto y considera que a la principal institución encargada de defender la legalidad en el Estado, lo que más le perjudicaría es su dimisión.