El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general por revelación de secretos para perjudicar a Ayuso

La Sala de apelación del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos del Ministerio Fiscal y de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y ha decidido mayoritariamente que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados.

Ha decidido también, esta vez por unanimidad en un auto firmado este martes, acordar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto de Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la provincia de Madrid.

De esta forma, el Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Dos jueces frente a uno, que ha discrepado, consideran que existen «indicios suficientes» para que García Ortiz se siente en el banquillo acusado de filtrar un correo confidencial del abogado de González Amador en marzo de 2024. El auto judicial analiza un caso que comenzó cuando el letrado Carlos Neira envió un mensaje a la Fiscalía Provincial de Madrid el 2 de febrero de 2024 que acabó en la prensa afín al PSOE.

En ese correo, Neira comunicaba que su cliente tenía «voluntad firme» de «alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos». El mensaje añadía literalmente: «Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública» por los ejercicios 2020 y 2021.

La controversia estalló el 13 de marzo de 2024. A las 21:29 horas, El Mundo publicó que «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». Cinco minutos después, García Ortiz llamó a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández.

El fiscal general solicitó los correos intercambiados con la defensa de González Amador. Según el auto, pidió expresamente que se los enviaran «no a su correo oficial de la Fiscalía, sino al particular». A las 21:59 horas, García Ortiz recibió en su Gmail el polémico correo del 2 de febrero.

Menos de dos horas después, a las 23:25 horas, la Cadena SER avanzó el contenido de ese documento confidencial. A las 23:51 horas, la emisora publicó íntegramente el correo en su página web, incluyendo la confesión literal de los delitos.

La investigación judicial ha establecido una secuencia temporal que el Supremo considera «especialmente relevante». El tribunal destaca que el periodista de la SER conocía que «la Fiscalía de Madrid prepara un comunicado» que sería publicado «en las próximas horas», información que sólo podía proceder de la Fiscalía.

Al día siguiente, 14 de marzo, se publicó una nota informativa con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid desmintiendo la información de El Mundo. El documento oficial reprodujó párrafos literales del correo filtrado, completando lo que el auto califica como una «unidad de acto».

El Supremo también ha confirmado que se envió copia del correo a Presidencia del Gobierno para su uso político. Juan Lobato, entonces portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, recibió el documento a las 8:29 horas del 14 de marzo para utilizarlo contra Ayuso en el Parlamento autonómico.

Sobreseimiento parcial

Sin embargo, la Sala Segunda ha acordado el sobreseimiento libre para Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial. El tribunal considera que su actuación se limitó a «cumplir los requerimientos del fiscal general del Estado», algo «reglado» y «habitual» según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El magistrado ponente, Eduardo de Porres, argumenta que Rodríguez «no intervino en la redacción de la Nota Informativa» y que su participación se circunscribió a una «simple verificación de los datos expresados». Se evita así que tenga que ser destituida por esta procesada, como marca la normativa fiscal.

Borrado de mensajes

Un elemento especialmente pernicioso para García Ortiz ha sido el borrado de sus comunicaciones. El auto subraya que «a pesar de su posición institucional, borró los correos electrónicos de su cuenta personal y también todos los mensajes de WhatsApp», lo que «ha impedido a los investigadores acceder a toda la información».

El tribunal interpreta esta destrucción de pruebas como un «potente contra indicio», recordando que «es de común experiencia que un borrado de datos se hace de elementos que puedan resultar desfavorables».

El magistrado Andrés Palomo ha formulado un extenso voto particular discrepante defendiendo el sobreseimiento también para García Ortiz. Palomo argumenta que múltiples periodistas ya conocían el contenido del correo antes de que llegara a manos del fiscal general, citando testimonios de empleados de El País, La Sexta y elDiario.es.

Con esta decisión, García Ortiz se convierte en el primer fiscal general procesado penalmente por un delito en la España democrática, estableciendo un precedente judicial sin parangón en la historia reciente de la institución.