Peramato busca acomodo a García Ortiz en la fiscalía de Medio Ambiente en vez de expulsarlo de la carrera

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, busca acomodo a su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, entregándole la jefatura de la Unidad de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, en vez de expulsarlo de la carrera tras ser condenado por filtrar el correo contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para intentar perjudicarla políticamente.

Como ya informó OKDIARIO tras la sentencia, García Ortiz tendría que ser expulsado de la Carrera Fiscal para siempre al haber sido condenado por un delito doloso y la pena superior a los seis meses, tal y como dispone el Reglamento de la Fiscalía en los artículos 32 y 35 y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el artículo 45 del capítulo III.

Sin embargo, ya ha transcurrido más de un mes desde que el pasado 20 de noviembre se conoció el fallo y esto no ha ocurrido, por lo que la Inspección Fiscal está incumpliendo la ley al no poner en marcha todos los mecanismos para materializarlo.

Más aún, según informan a este diario fuentes fiscales, «por ahí no van a ir los tiros, no están por la labor de expulsarlo, sino que le van dar la competencia en Medio Ambiente». García Ortiz fue el fiscal del caso Prestige, la mayor catástrofe medioambiental en aguas europeas». Con este precedente, en el que sólo se obtuvo la condena del capitán del buque, se justifica que esté al frente de este Departamento.

De esta forma, el ex fiscal general tendría de nuevo un cargo de jefatura en la Fiscalía, la misma que ha dirigido durante un año y siete meses tras haber cometido el delito en mayo de 2024 y se aferró al sillón hasta el pasado 9 de diciembre, cuando el  Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto por el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cesó, a petición del condenado.

Y lo hizo curiosamente «agradeciéndole los servicios prestados», por lo que cabe preguntarse qué servicios ha prestado García Ortiz para que se los agradezca el Gobierno de forma expresa.

Se da la circunstancia de que dicha resolución del BOE hace inejecutable la pena de inhabilitación a la que ha sido condenado por el Tribunal Supremo. García Ortiz hizo la jugada sibilina de cesar como fiscal general antes de que lo cesara el Tribunal Supremo, por lo que la pena es de imposible ejecución, ya que fue inhabilitado para el ejercicio de ese concreto cargo.

La plaza se convocará de inmediato

La plaza de fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico quedó vacante el pasado 24 de julio, tras la jubilación del fiscal de Sala Antonio Vercher Noguera, quien estuvo al frente de la misma desde abril de 2011, tras ser nombrado para el cargo por el ex ministro de Justicia socialista Francisco Caamaño. 

Esta plaza se convocará de inmediato e irá al próximo Consejo Fiscal. Y la última palabra respecto al elegido siempre la tiene la máxima representante de la institución, quien fue presidenta de la misma asociación que García Ortiz, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma que ahora pide el indulto para el condenado.

Para ostentar esta plaza es necesario ser fiscal de Sala, un puesto equiparable al de magistrado del Tribunal Supremo en la Carrera Judicial en categoría y con una remuneración igual. Y García Ortiz ya lo es.

En 2021, la ex ministra de Justicia Dolores Delgado, quien saltó directamente de este Departamento del Gobierno al de fiscal general del Estado sin solución de continuidad, promovió a García Ortiz a la categoría de fiscal de Sala y lo nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica, cargo que ostentó hasta su designación como fiscal general.

La maquinaria que debía activarse para expulsar a García Ortiz de la carrera era muy sencilla: la Inspección, al tener conocimiento de un hecho delictivo condenado a más de seis meses, en este caso son dos años de inhabilitación, tendría que haberle comunicado la pérdida de la condición de fiscal. No tiene más vuelta de hoja.

Ante la inacción, a mediados de diciembre, un fiscal presentó una denuncia ante el promotor de la acción disciplinaria para activarlo, pidiendo, además, como medida cautelar la suspensión de fiscal de García Ortiz mientras estudia el caso. De momento, no ha trascendido resolución alguna al respecto.

La Inspección tiene obligación de actuar de oficio sin necesidad siquiera de esperar a que se notificara la sentencia, cosa que ocurrió el pasado 2 de diciembre.

Una sentencia con la que García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España, condenado por  revelación de datos reservados (artículo 417.1 del Código Penal) por una mayoría aplastante de los miembros del tribunal: cinco votos a favor y dos en contra. Resolución ante la que se ha alzado la Fiscalía pidiendo al Supremo que anule la sentencia.

Sánchez dejará atada la cúpula fiscal

La UPF está movilizándose pidiendo firmas para un indulto a García Ortiz. Sin embargo, no va a resultar una solución eficaz, ya que el indulto no libraría a García Ortiz de pagar los 10.000 euros de indemnización al novio de Ayuso, dado que la responsabilidad civil no se indulta jamás, como dispone el artículo 6 de la Ley de gracia, de 18 de junio de 1870. Por ello, lo más probable es que el delincuente recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Como recientemente ha informado OKDIARIO, el presidente del Gobierno dejará atada la cúpula fiscal: Delgado y García Ortiz han colocado a 18 de los 37 miembros. Así, han dejado colonizada la cúspide de la Carrera Fiscal con afines para la próxima década. En concreto, con 18 fiscales de la Unión Progresista de Fiscales en la Junta de Fiscales de Sala.

Así las cosas, mientras la carrera va retirando el apoyo a la UPF, que en las últimas elecciones al Consejo Fiscal consiguió tan sólo dos de los 9 puestos elegidos por la Carrera Fiscal de su candidatura, ellos se van colocando sin pudor alguno.