La gestión de los servicios públicos valencianos está paralizada: las políticas de Puig acaban en los tribunales

La gestión del día a día de los servicios públicos en la Comunidad Valenciana está sufriendo una parálisis institucional como consecuencia de la judicialización de las decisiones adoptadas por el Gobierno regional de Ximo Puig en materia de educación, sanidad y servicios sociales.

Según confirman a OKDIARIO fuentes del arco parlamentario regional, la necesidad que de contentar a demasiados socios (entre los que destacan los nacionalistas de Compromís y la marca blanca de Podemos en la comunidad autónoma), junto con la falta de liderazgo por parte del propio Puig, han convertido a la Generalitat valenciana en un foco de problemas administrativos que están acabando en los tribunales.

La gran protagonista de este proceso es el área sanitaria, gestionada por la consejera socialista Carmen Montón. En estos momentos, están en los juzgados el contrato con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), el nuevo concurso del servicio de ambulancias, una quincena de servicios de hemodiálisis, la reversión del modelo Alzira en el Hospital de La Ribera,  la ley que impide adjudicar en concurso determinados servicios de gestión sanitaria (la gestión indirecta de los departamentos de salud, por ejemplo, pero no conciertos para realizar resonancias o diálisis), así como los despidos y congelación de salarios tras la asunción de los consorcios de los hospitales provinciales o el decreto para la dispensación de medicamentos en las residencias de mayores.

Todo ello sin contar a quienes han denunciado en los juzgados decisiones arbitrarias y enchufismo en multitud de nombramientos públicos -anunciar un nombramiento y después convocar una plaza con su perfil- y querellas por calumniar y despreciar a profesionales, entre otros asuntos.

En este contexto, empresas, asociaciones de pacientes, de empresarios y profesionales, farmacéuticos y sindicatos están en guerra contra la gestión de Montón. «Ni siquiera en la polémica generada por la consejera Montón en relación con la renovación del contrato con el IVO, donde tuvo que intermediar el mismísimo presidente de la Generalitat, se ha conseguido paz y tranquilidad en la ejecución de un contrato, que incluso sufrió cambios en el último momento», señalan las fuentes consultadas.

Y es que apenas un mes después de firmarse el contrato in extremis el propio IVO denunció maniobras de la consejería de Sanidad para bloquear la libertad de elección que se les suponía a los pacientes e impedir la derivación de pacientes. Además, la patronal de la sanidad privada denunció las irregularidades derivadas del cambio de las condiciones del contrato justo antes de la firma, cuando ninguna otra entidad tenía ya la posibilidad de presentarse.

«Es un despropósito y un caos en un concierto con una entidad privada de gran arraigo en la Comunidad Valenciana que, por desgracia, siempre acaban pagando los mismos: los pacientes», indican las fuentes consultadas.

Por lo que respecta al Hospital de La Ribera, el primero de los centros que originó el modelo Alzira de gestión público–privada de un servicio público, continúa en los tribunales el proceso de reversión que la Montón tiene previsto llevar a cabo el 1 de abril de 2018, a pesar del informe de la Sindicatura de Cuentas que valoraba en un 21% el ahorro para las arcas públicas y ponía acento en la calidad y el alto grado de satisfacción del servicio prestado en estos centros, en comparación con los que gestiona directamente el Gobierno valenciano.

Otro de los departamentos judicializados en el Ejecutivo de Ximo Puig es el del consejero nacionalista de Compromís, Vincent Marzá, responsable ni más ni menos que de la Educación. El decreto de plurilingüismo, por el que ofrecía más horas de inglés a los centros escolares que eligieran las líneas con más horas de valenciano; es uno de los más polémicos.

Además, la eliminación de muchos de los conciertos de Bachiller; las deudas con los profesores de la educación concertada; y la polémica con los profesores de religión han puesto en la picota a un consejero que se ha ganado la enemistad de casi todas las asociaciones de padres y de profesores de la región.

La tercera consejería afectada por las decisiones administrativas del Gobierno Valenciano es la que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra, en su papel de consejera de Igualdad y Política Inclusiva. Deudas, expedientes de dependientes bloqueados y con largas listas de espera, polémica con los centros de menores y residencias de mayores muy cuestionadas están llevando a Oltra a un callejón en el que nunca pensó que se encontraría.

«Dos años y medio después de asumir estas competencias no sólo no ha sido capaz de solucionar ningún problema sino que ha empeorado la situación de la mayoría de los colectivos de dependientes mientras ataca a entidades colaboradoras históricas para la atención de colectivos vulnerables, muchas dependientes de la Iglesia, como las Hermanas de Segorbe que atendían un centro de menores, y que no han dudado en defenderse de estos ataques y defender sus derechos en los tribunales», señalan miembros del Parlamento valenciano.