Audiencia Nacional

La Fiscalía de Sánchez dice que el Tsunami no es terrorismo y ni siquiera «grupo criminal»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional registra un escrito de 23 páginas para restar importancia a los hechos de Tsunami

El juez imputó a Carles Puigdemont pero la Fiscalía no ve indicios "suficientes" para ello

Tsunami
Fernando Grande-Marlaska y el fiscal Jesús Alonso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto este viernes el anunciado recurso de apelación contra el auto del magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en la causa Tsunami Democratic. Frente a la postura del juez instructor que apunta a indicios de terrorismo, el Ministerio público zanja: «Las actuaciones llevadas a cabo en el marco de las diligencias abiertas hace cuatro años no han arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la Audiencia Nacional». Inicialmente la Fiscalía sí calificó los hechos de terrorismo, pero tras las elecciones generales del 23J aseguró que se había producido un «error» y cambió de postura.

El fiscal Miguel Ángel Carballo firma un escrito de 23 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que sostiene que en los hechos recogidos en la causa no se han acreditado jerarquías, ni distribución de funciones entre los investigados. Tampoco la existencia de un órgano directivo, ni la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos, condiciones básicas, según las sentencias del Tribunal Supremo, para dictaminar que estamos ante una organización criminal.

Así, los únicos hechos delictivos para la Fiscalía serían los llevados a cabo por Tsunami Democràtic en el aeropuerto del Prat y en el puesto fronterizo de la Junquera, no son terrorismo y se enmarcarían en desórdenes públicos graves, tras la decisión de acabar con el tipo penal de sedición por parte del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). Todo ello en la causa en la que están imputados Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC).

«Tsunami Democràtic, en lo que se ha podido acreditar en el procedimiento, no deja de ser un más que un perfil de Twitter y en su fase más avanzada de los hechos, una app diseñada para acceder a códigos QR que permitiera el conocimiento de comunicados emitidos por esa supuesta entidad», comenta el fiscal blanqueando a este grupo violento.

«No cabe es presumir, con las manifestaciones apodícticas que recoge el informe final de la Guardia Civil como que ‘evidentemente’ o ‘no podría ser de otra manera’ exista ese tipo de organización, detrás de lo que ha sido una mera aplicación informática o APP o un mero perfil de Twitter. Incluso sobre la cuestión de la aplicación (APP) es significativo que no se lanza hasta el día 15 de octubre de 2019 cuando la acción del aeropuerto del Prat, la más importante, ya se había desarrollado, el día inmediatamente anterior, el 14 de octubre de ese año», agregan.

El Ministerio público se agarra a un informe de la Guardia Civil que define a Tsunami, lejos de terrorismo como «una iniciativa de movilización social y desobediencia, que logró aglutinar bajo su paraguas ideológico todas las acciones impulsadas por cuantos colectivos independentistas catalanes compartiesen sus tesis soberanistas». Lo consideran «una actuación coral carente de cualquier elemento de connivencia u organización y en todo caso de suma espontánea a tal movilización. Ello es ajeno a la calificación jurídica de grupo u organización criminal».

A mayor ahondamiento la Fiscalía, tras el pacto de Sánchez con Puidemont, insiste: «Indiciariamente, ni hay el número de personas necesarias para la constitución de la organización criminal ni todos los hechos que se imputan a la actuación de Tsunami tienen estrictamente carácter delictivo al menos en lo que se puede atribuir a dicha plataforma telemática».

El Ministerio público subraya que la investigación no ha podido destapar la identidad de las personas que han desarrollado la aplicación informática citada. «El desconocimiento de la misma llega hasta el punto de que el supuesto desarrollador no es una persona físicamente real ni identificada, siendo una personalidad ideada. Se trata de la tal Joanna Sala y Ferrer que aparece con un rostro de perfil en las redes diseñado informáticamente sin corresponder a una persona real. Hasta ese punto la investigación se ha quedado lejos del verdadero esclarecimiento del hecho».

El hecho de que a alguno de los actos acudiesen miles de personas según el escrito del fiscal, «no implica, necesariamente, dada la espontánea disposición de las mismas, cómo se vivió en aquellos meses de 2019, encontrarnos ante la existencia de una estructura que les organizase de manera eficiente puesto que, más allá de los comunicados en redes sociales». Subrayan que los grupos de mensajería instantánea de los altos cargos del independentismo que salpican a Puigdemont y Rovira son varios y «no estaban formados por las mismas personas», lo que no acreditaría la vocación de permanencia.

A la Fiscalía no le valen esas comunicaciones intervenidas. «La existencia de un nivel directivo no puede sostenerse por la mera manifestación de uno de los investigados que se refiere a otro preguntándole ‘Si el gran jefe sabe un poco quién soy yo…’». Una alusión que posiblemente hacía referencia a Carles Puigdemont. «Ello resulta sumamente insuficiente. Cómo lo son las referencias del mismo investigado acerca de que ‘el líder que les dijo que si estaban dispuestos’, sin que se conozca quién es tal líder ni que se aclare líder o jefe de qué lo era», agregan. Tampoco dan por buena la afirmación de uno de los investigados en un chat de «Yo creo que tenemos una estructura y dinámica capaz de plantear una resistencia a largo término».

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