Investidura

La Audiencia Nacional imputa a Puigdemont y Rovira por terrorismo en plena negociación con Sánchez

El juez ha tomado la decisión de imputarles tras el informe clave aportado por la Guardia Civil

Marta Rovira conocía "la existencia del proyecto" sobre la plataforma Tsunami, según los investigadores

Puigdemont, Rovira, Tsunami Democràtic
Marta Rovira y Carles Puigdemont

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado imputar en la causa de Tsunami Democràtic al eurodiputado y ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas por terrorismo.

En un auto, el magistrado ofrece a Puigdemont -al tratarse de un miembro del Parlamento Europeo- la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional antes de cursar el correspondiente suplicatorio, tal y como establece el artículo 188 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

La resolución acuerda citar como investigados a Marta Rovira, Josep Lluís Alay -jefe de gabinete de Puigdemont-, Oriol Soler Castanys, Xavier Vendrell Segura, Marta Molina Álvarez, Josep Campmajó Caparrós, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani Massip, Oleguer Serra Boixaderas y Nicola Flavio Giulio. Los hechos podrían calificarse de forma indiciaria, indica el juez, de terrorismo.

Además, acuerda citar como testigo a Arnaldo Otegi, a fin de esclarecer lo acontecido en una reunión con Rovira en Ginebra y el conocimiento que pudiera tener sobre la aparición de la organización Tsunami.

Puigdemont imputado

El juez señala que los actos de Tsunami «pueden ser constitutivos de diversas infracciones, entendiendo este magistrado que, desde la provisionalidad inicial de este momento, pueden tener la consideración de actos de terrorismo». También se apunta a delitos como desórdenes públicos terroristas.

«El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami Democràtic pudiera tener la consideración de grupo terrorista, debiendo esclarecer si se llegó a materializar su actuación con alguno de los delitos del art. 573 CP (contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías)», razona el magistrado.

La resolución señala que resulta necesaria la citación de Carles Puigdemont i Casamajó para ser oído sobre los hechos objeto de investigación. «Su citación, en este momento no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio».

Se trata, argumenta el juez, de una de las personas de las que está acreditado indiciariamente, «a la vista del análisis de la agenda del Sr. Alay, que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami». Su nombre, añade, aparece en un mensaje que figura en el dispositivo analizado de Josep Lluís Alay enviado por Jesús Rodríguez: «El lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Ómnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia». Igualmente, continúa, el auto, parece haber asistido a la reunión en Ginebra a la que aludía Marta Vilalta.

Por otra parte, indica, en otra comunicación que mantiene con Alay habla del «grupo de coordinación de la campaña Tsunami Democràtic, y las decisiones y dudas que surgen en el mismo las cuales son consultadas al expresidente Puigdemont a través del propio Josep Lluís Alay.

Finalmente, el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami parece también inferirse de la conversación mantenida con el empresario Josep Campmajó, con quien discute sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la publicación de la sentencia del procés y en la que le dice que: «Ayer estuve nuevamente en primera línea. Tanto en BCN como en GRN. Mi gente bien distribuida» y que «o tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas». A esto el Sr. Puigdemont responde; «Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas». A lo que señala Campmajó; «President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado…», respondiendo este; «Cierto. Y eso no es bueno».

Terrorismo

El juez asegura que las investigaciones practicadas permiten inferir indiciariamente que Tsunami Democràtic fue «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».  Y que, por tanto, tal y como adelantó OKDIARIO, estas actuaciones están enmarcadas en un delito de terrorismo.

El análisis de los informes policiales revela que Tsunami Democràtic fue fruto de una planificación efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España.

Las actuaciones llevadas a cabo por Tsumani Democràtic relatadas en el auto en 2019 fueron el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado, además de infraestructuras críticas europeas como el del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, el intento de bloqueo de la torre de control Enaire de Barcelona-Gavà y del Aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez-Barajas,  la huelga general de 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre o las acciones cometidas a propósito del partido fútbol entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid en diciembre de ese año.

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