Un diputado de Sumar pagó 21 facturas a la misma empresa: el Supremo lo imputa ahora por prevaricación

El Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), gobernado entre 2011 y 2019 por Félix Alonso, imputado por el Tribunal Supremo y diputado de Sumar en el Congreso, ha adjudicado a la consultora Sinergia SLP un contrato menor de asesoramiento jurídico que, según las facturas del propio expediente, se ha seguido cobrando mes a mes durante casi el doble del plazo pactado. El documento firmado el 23 de octubre de 2017 fijaba una duración de un año, pero los recibos se prolongan hasta julio de 2019.

Se da la circunstancia de que esa consultora está ligada a Joan Herrera, ex líder de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña. Desde septiembre de 2017 a agosto de 2018 fue administrador único de esa compañía.

El contrato, correspondiente al expediente 2017/1431, establecía en su cláusula cuarta que «la duración del presente contrato menor es por un año». El precio se fijó en 15.600 euros anuales más 3.276 euros de IVA, a razón de 1.300 euros mensuales. Al límite legal para poder darlo sin concurso público abierto a cualquier empresa licitadora.

La empresa en cuestión recibió un total de 36.356 euros entre ese contrato sospechoso y otro que firmó con el mismo consistorio.

Las facturas aportadas, sin embargo, muestran una sucesión ininterrumpida de cobros bajo el mismo concepto genérico: «Asesoramiento noviembre», «Asesoramiento enero», «Asesoramiento febrero»… El patrón se repite mes tras mes desde noviembre de 2017 hasta, al menos, julio de 2019, según la última factura del lote consultado.

Ningún documento del expediente municipal recoge una prórroga, una nueva adjudicación o una modificación contractual que ampare esa continuidad. El propio Informe de Secretaría del 18 de octubre de 2017 había advertido de que «en ningún caso los contratos menores pueden tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga».

La suma de las bases imponibles de las facturas de ese único contrato menor asciende a 25.046 euros, cifra que supera en más de 9.000 euros el importe originalmente contratado.

Investigación judicial

El caso se investiga en un juzgado de El Vendrell y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha abierto causa por un presunto delito de prevaricación administrativa. El Tribunal Supremo, por su parte, ha asumido la instrucción contra Alonso al estar aforado como diputado.

La sociedad investigada ha estado administrada en distintos periodos por Joan Herrera, ex coordinador de ICV, y por Joan Ignasi Elena, ex consejero de Interior y actual diputado de ERC. Ambos han declarado como investigados ante el TSJC.

Elena ha negado, según fuentes jurídicas recogidas por la prensa, conocer personalmente al ex alcalde de Altafulla, y ha subrayado que pertenecen a espacios políticos rivales.

Las facturas, no obstante, no dependen de esa relación personal para sostener su valor probatorio. El documento habla por sí mismo: un contrato limitado a doce meses que el consistorio ha seguido pagando religiosamente durante casi dos años, presuntamente sin papel alguno que lo respalde.

Antecedentes del expediente

El uso de la figura del contrato menor por parte del Ayuntamiento de Altafulla no se ha limitado a este caso. En junio de 2018, el consistorio adjudicó a la misma empresa un segundo contrato, esta vez por 5.000 euros más IVA, para la redacción de los pliegos de licitación de las obras del Casal La Violeta.

El decreto de adjudicación de ese segundo contrato, firmado el 18 de junio de 2018 por el propio Alonso, declaraba expresamente que «no se ha producido una alteración del objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación» y que el contratista «no ha suscrito más contratos menores que de forma individual o conjunta superen la cifra prevista».

Esa certificación se ha emitido, según se desprende de las fechas del expediente, mientras el primer contrato de asesoramiento jurídico seguía facturándose con normalidad, sin que el Ayuntamiento hubiera advertido entonces ningún problema de acumulación.

La investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña, que dio origen al caso judicial actual, ha concluido que existió «un uso indebido de la figura del contrato menor con el objetivo de satisfacer necesidades recurrentes de la Corporación», en clara alusión a la repetición sistemática de encargos al mismo proveedor.

Un patrón que se repite

Las facturas más recientes del lote analizado añaden un matiz adicional. Algunas, fechadas en noviembre de 2018, detallan tareas que se alejan del asesoramiento jurídico genérico: «Respuesta consulta sobre servidumbre/zona verde; varios contactos y reuniones, convenio urbanístico vinculado a una sentencia del Supremo de 2011». Una empresa dedicada a consultas legales no supo ver que estaban facturando más allá del tiempo permitido por ley.

El caso Félix Alonso ilustra, en última instancia, una paradoja que atraviesa buena parte de la contratación pública local en España: los papeles que autorizan un gasto pueden ser impecables, pero es en la fila de conceptos de una factura, mes tras mes, donde termina por asomar la trampa que ningún informe ha sabido —o querido— advertir.

Consultado por OKDIARIO, Alonso subraya que «la denuncia la presentó contra mí Querellants per la República». «A mi entender, como consecuencia de ser el único alcalde de Cataluña que vía registro contestó al ex presidente Carles Puigdemont negando la posibilidad de dejar locales para la consulta del 1 de octubre», agrega.