El Gobierno de Aragonés destituye al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha decidido destituir al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y en su lugar situará al hasta hora jefe de la Región Policial de Tarragona de los Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, ha explicado el departamento en un comunicado. Todo indicaría que la destitución es consecuencia de una pérdida de confianza por el distanciamiento de Trapero con el director general de la Policía, Pere Ferrer.

Trapero ha sido destituido este lunes después de haber ocupado la máxima responsabilidad en el cuerpo durante dos etapas: entre 2013 y 2017, y desde el mes de noviembre de 2020 hasta la actualidad, participando en la respuesta de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, y dirigiendo a los Mossos durante el 1-O por el que fue juzgado y absuelto.

Nacido en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en 1965, se formó en la Escuela de Policía de Catalunya en 1989, empezó como agente en 1990, y en 2006, se licenció en Derecho en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aunque completó sus estudios con un posgrado en Seguridad Pública y cursos en criminalidad informática, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Asumió el rango de mayor de los Mossos el 18 de abril de 2017 cuando presidía la Generalitat Carles Puigdemont, si bien ya era entonces el comisario jefe del cuerpo, un cargo que ocupaba desde 2013, y al que llegó de la mano del entonces conseller Ramon Espadaler.

Atentados de Barcelona y Cambrils

El mayor de los Mossos d’Esquadra fue el máximo responsable operativo del cuerpo durante los atentados de agosto de 2017, momento en el que fue elogiado por su serenidad y contundencia durante sus comparecencias en ruedas de prensa.

Durante el juicio del 17-A en la Audiencia Nacional, Trapero no fue citado como testigo, pero acudió de público y, tras conocerse la sentencia condenatoria, felicitó a los agentes por el trabajo realizado durante el atentado y por la investigación que permitió el fallo condenatorio.

Destitución y absolución

Tras ganar notoriedad pública con la gestión de los atentados, Trapero volvió al foco mediático los días previos al 1-O porque se comenzó a cuestionar cuál sería el papel de los Mossos d’Esquadra para evitar la votación.

Para cumplir el mandato judicial de evitar el referéndum, Trapero ordenó a la policía catalana requisar urnas y material en los colegios electorales y cerrarlos, aunque pidió proporcionalidad y que imperara «la contención y la mediación de cara a contribuir a facilitar el mantenimiento de la paz social y la convivencia», evitando el uso de la fuerza si había una presencia masiva de personas.

De esta manera, los Mossos requisaron urnas y cerraron colegios donde no hubo resistencia, pero no actuaron en los centros en los que había un gran número de personas evitando el paso de los agentes, a diferencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que sí que cargaron contra los manifestantes.

Esta actuación de los Mossos junto a la de las protestas del 20 de septiembre por el registro en la Conselleria de Economía, provocó que tres días más tarde del referéndum, el 4 de octubre, Trapero fuera citado por la Audiencia Nacional como investigado por un presunto delito de sedición y el 28 de ese mismo mes fue destituido en aplicación del 155.

A partir de ese momento, Trapero desapareció de la escena pública e incluso rechazó el ofrecimiento del entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, de volver a comandar los Mossos después del levantamiento del 155 porque consideró que no sería conveniente para la policía catalana asumir esa responsabilidad ante su situación judicial.

En el juicio a la cúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional, Trapero defendió la actuación del cuerpo, se desvinculó del proyecto independentista y aseguró que se ofreció para detener a Carles Puigdemont tras la declaración de independencia, y finalmente fue absuelto en octubre de 2020.

Restitución en el cargo

El 12 de noviembre de 2020, el exconseller de Interior, Miquel Sàmper, comunicó a Trapero su restitución como máximo responsable de la policía catalana, y esta vez sí aceptó.

Las elecciones del 14 de febrero de 2021 arrojaron un cambio en el Govern y situaron al republicano Pere Aragonès al frente de la Generalitat y, tras acordarlo con Junts, estos partidos intercambiaron varias de las consellerias que habían dirigido hasta entonces, una de ellas, la de Interior que en este mandato está en manos de ERC.

Así, Aragonès situó a los mandos de la Conselleria de Interior al abogado y exalcalde de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Joan Ignasi Elena. Al iniciar su función, Elena explicó varios cambios dentro de la Conselleria y subrayó que, entre otros, el entonces mayor de los Mossos d’Esquadra seguiría en el cargo.

El 15 de julio, varios medios de comunicación publicaron que el mayor visitó y mantuvo reuniones en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Zarzuela «sin conocimiento de la Conselleria de Interior ni del jefe de los Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer», y tras ellos su cese ha sobrevolado la actualidad informativa, pese a que en su momento fuentes de Interior lo desmintieron.

Otro de los temas polémicos que han rodeado los Mossos en estos últimos meses con los que tendrá que lidiar el nuevo jefe de los Mossos ha sido su papel en las manifestaciones independentistas y las acusaciones judiciales contra manifestantes.

El Govern de Aragonès decidió no personarse contra manifestantes si no hay pruebas suficientes para acreditar la autoría de lesiones de agentes de los Mossos, lo que ha provocado las críticas de la oposición porque cree que están desamparando a la policía catalana.

Los Mossos d’Esquadra han estado en el foco de la polémica e incluso han generado discrepancias entre ERC y Junts sobre cómo tiene que ser el modelo policial o la utilización de proyectiles de foam, mientras que la CUP ha pedido, directamente, un modelo de seguridad pública distinto.

Por este motivo, el 21 de julio de este año se aprobó la propuesta de resolución de creación de una comisión de estudio en el Parlament de Catalunya sobre el modelo policial, presentada por ERC, Junts, la CUP y los comuns, en la que se escogió como presidenta de la comisión a la líder de la CUP en la Cámara, Dolors Sabater, al diputado Pau Morales (ERC) como vicepresidente y a la diputada Mercè Esteve (Junts) como secretaria.