El fiscal Maza apreció base para ilegalizar a los partidos golpistas

El ex fiscal general del Estado, José Manuel Maza-fallecido en noviembre pasado-apreció fundamentos para proceder a la ilegalización de los partidos golpistas.

Así se deduce en la carta enviada por Enrique Calvet, eurodiputado del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa  (ALDE), al ministro de Justicia, Rafael Catalá y a la que ha accedido OKDIARIO. Calvet propuso hace unos meses la ilegalización de PDeCAT, ERC y la CUP, y remitió la propuesta al director de los servicios jurídicos del Estado, Eugenio López Álvarez.

En la misiva-remitida tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la fuga de Puigdemont a Bélgica- exigía la prohibición de estas formaciones para acabar con unos supuestos «ataques, gravísimos e intolerables» que afectan a la «región española de Cataluña y del resto de España».

«España ha vivido un golpe de Estado en las últimas semanas. Nunca destruir la democracia española y establecer un régimen totalitario de base supremacista, rompiendo el imperio de la ley y nuestra Constitución, fue tan fácil. Afortunadamente, los golpistas han comenzado a padecer las consecuencias de sus acciones, y la democracia en España parece que empieza a recuperarse. Si bien esto es así, el restablecimiento de la legalidad no podrá avanzar hasta que los tres partidos políticos golpistas, la CUP, ERC y PDeCAT, sean ilegalizados. Pienso que, ante la situación creada, ya apremia hacerlo; por sentido común, por sentido de la democracia y para evitar toda confusión y toda inseguridad dentro y fuera de España», se podía leer en aquella carta.

La petición, según ha podido saber OKDIARIO, no fue atendida. Por ello, Calvet ha optado por dirigirse directamente a Catalá, en una nueva carta en la que reitera la solicitud y manifiesta su malestar por la falta de respuesta.

Exmo. Sr. Ministro de Justicia:

Me permito escribirle esta carta en mi condición de Diputado en el Parlamento Europeo para poner en su conocimiento un hecho que me preocupa, no solo por la importancia del fondo sino también por la falta de respeto institucional manifestada por el Sr Lopez Alvarez, Director del Servicios Jurídico del Estado, servidor público como yo.

El pasado mes de noviembre puse en marcha una serie de iniciativas orientadas a combatir la crisis secesionista y golpe de Estado que se estaba viviendo en España y que, como todos los nacionalismos, pone en peligro la construcción europea. Una de esas iniciativas consistía en impulsar la iniciación del procedimiento para ilegalizar los tres partidos políticos golpistas catalanes, PDeCAT, ERC y la CUP.

Tras dirigir un escrito al desaparecido Sr. Fiscal General del Estado, Don José Manuel Maza, y mantener un encuentro con él, sugirió me dirigiera al Director del Servicios Jurídico del Estado, le trasladara mi solicitud y compartiera mi argumentación con él ya que apreciaba suficiente base para estudiar el tema. Como puede observar, así lo hice, esperando que mi contribución ayudara a dar pasos en la buena dirección.

Lamentablemente, como le avancé al inicio de esta carta, mi decepción no ha podido ser mayor. Independientemente del debate sobre fondo de la cuestión, me parece intolerable la falta de respuesta, confirmación o acuse de recibo de mi escrito. No concibo que la Administración Pública que tanto defiendo y respeto olvide que su razón de ser es, precisamente, servir a sus ciudadanos y escuchar a sus cargos públicos elegidos.

En cualquier caso, dado que la crisis política y social persiste en España y la Comunidad Autónoma de Cataluña le pido, aprovechando la oportunidad que me brinda esta carta, tenga en cuenta mi petición y haga lo necesario para que se inicie el procedimiento para ilegalizar las tres formaciones políticas regionales que tanto daño están haciendo al Estado de Derecho y al orden constitucional en nuestro país, y tan difícil es hacer comprender en las instituciones europeas a las que pertenezco.

Reciba un cordial saludo,

Como expone el eurodiputado, la Ley de Partidos Políticos prevé que un partido sea declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos por «fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas».

Algunos países del entorno contemplan la posibilidad misma de ilegalizar a los partidos que supongan una amenaza para la unidad nacional. En Alemania, por ejemplo, las formaciones que «amenacen la existencia de la República Federal de Alemania» pueden ser consideradas inconstitucionales.

La Constitución francesa determina, en su artículo 4, que «los partidos y agrupaciones políticas deben respetar los principios de la soberanía nacional».