La Comisión Europea advirtió a Sánchez sobre los abusos de menores en Baleares: «Estamos preocupados»

El escándalo de los abusos a menores tuteladas en Baleares ha llegado a Europa e implica de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez. El Parlamento Europeo solicitó este lunes por escrito explicaciones al Ejecutivo, en concreto a Pablo Iglesias y Fernando Grande-Marlaska, sobre este asunto. La UE ha abierto una investigación tras la queja recibida de un ciudadano de Ibiza. Pero ya el pasado enero desde la Comisión Europea se trasladó la seria preocupación de las instituciones comunitarias por estos hechos.

Durante la reunión de la Comisión de Peticiones, celebrada el 26 de enero, el representante de la Comisión Europea, Antonio Labrador, no ocultó la inquietud que genera el caso. Labrador, que lidera el grupo de trabajo encargado de la problemática de los abusos sexuales, expresó: «Reconozco la preocupación que plantea esta petición» y recordó con vehemencia que «combatir los abusos sexuales es una prioridad para la Comisión».

El pasado julio, como expuso Labrador en su intervención, la Comisión Europea publicó una estrategia para proteger a los menores y luchar contra estos delitos. Bruselas pidió una actuación determinada, más investigaciones y una mejor asistencia a las víctimas y se avisó de la necesidad de asegurar que cada país aplicase «de forma total» la actual legislación, cuyo epicentro es la directiva, del año 1993, para luchar contra la explotación sexual de menores.

«La directiva exige que los Estados miembros tomen una serie de medidas para evitar los abusos sexuales, como programas de intervención o campañas para aumentar la concienciación, así como formación de funcionarios», advirtió el representante europeo.

España no ha adaptado aún a su normativa interna esta directiva. Por esta razón, en enero de 2019, la Comisión abrió un procedimiento de infracción, que aún no se ha resuelto. El Gobierno español remitió su respuesta a ese expediente, que ha sido analizada por las autoridades de la UE. Actualmente Bruselas «sigue controlando el progreso de este asunto».

Fuentes comunitarias confirman que «la Comisión inició hace unos años un procedimiento de infracción contra España por no aplicar las normas de la UE contra el abuso y la explotación sexual de menores y la pornografía infantil». «Estamos en contacto con las autoridades Españolas para resolver todas las cuestiones pendientes», destacan a este periódico.

El PSOE lo rechazó

Durante el debate, PSOE y Podemos mostraron su disconformidad con que Bruselas investigase el asunto de las menores en Baleares. Cabe recordar que ambos partidos, junto a Més, forman el tripartito que gobierna las islas. En su momento, las formaciones ya rechazaron la creación de una comisión de investigación en el Parlament. Pese al escándalo tras conocerse que al menos 16 menores habían sufrido abusos no se han producido dimisiones.

La representante socialista en la Comisión de Peticiones, Alicia Homs, llegó a afirmar durante el debate que «los máximos responsables son los abusadores». 

Consideró que «el daño que han sufrido las víctimas de abusos es doble, por los propios abusos y la exposición pública de sus casos para intentar obtener rédito político» y reprochó que esa «mediatización» ha «perseguido desacreditar a las instituciones protectoras, como el IMAS, vertiendo dudas sobre su funcionamiento y sus responsables».

«El IMAS y sus profesionales son fundamentales para proteger a niños vulnerables», aseveró la eurodiputada.

Por parte de Podemos, Idoia Villanueva se remitió al archivo del caso y destacó que «no existe una red de prostitución como tal». La formación de Pablo Iglesias también se opuso a que la UE se interesase por el asunto.

El escándalo de las menores de Baleares es un tema incómodo para los socios en el Gobierno socialcomunista. Iglesias nunca ha asumido responsabilidades en el asunto, remitiéndose a que el asunto estaba judicializado. En una sesión en el Congreso, Iglesias llegó a calificar a PP y Vox de «indignos» y «repugnantes» por exigirle explicaciones. Hay que destacar que el vicepresidente segundo ostenta las competencias de derechos sociales y de protección de la infancia.

Irene Montero, por su parte, ha insistido en el único argumento de que la oposición utiliza el tema como «arma arrojadiza».

«Les pediría un poco menos de uso partidista y un poco más de humanidad. No están teniendo en cuenta a esos niños y, sobre todo, niñas», señaló también en el Cámara Baja.