Bruselas tomará «todas las medidas necesarias» por los contratos con la trama de Koldo cargados a la UE
Bruselas ya está en alerta sobre el caso Koldo, en el que se investiga el cobro de presuntas mordidas derivadas de los contratos de mascarillas durante la pandemia. Varios de esos contratos bajo sospecha fueron sufragados con cargo a los fondos de la Unión Europea, en concreto, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Y es por este motivo que las autoridades comunitarias se mantienen vigilantes. Fuentes de la Comisión Europea confirman a OKDIARIO que se «tomarán todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea» y advierten de la «política de tolerancia cero con el fraude».
«Los fondos de cohesión deben utilizarse de acuerdo con los requisitos regulatorios y los objetivos de la Política de Cohesión», añade un portavoz comunitario, a este periódico.
La Comisión espera que los países de la Unión Europea «tengan el mismo nivel de tolerancia cero con respecto al fraude» y recuerda que esos países «son los responsables de la gestión sólida de aproximadamente tres cuartos del presupuesto europeo, así como los beneficiarios de los fondos».
La financiación con dinero de Bruselas de varios contratos investigados en la trama Koldo es una de las cuestiones centrales del caso y presenta importantes derivadas para el Gobierno de cara a negociar con Bruselas. Más aún en pleno desembolso a España de los fondos comunitarios. Las autoridades comunitarias, como remarcan en respuesta a OKDIARIO, tienen una política de cero contemplaciones con la corrupción. De hecho, Bruselas ultima actualmente su directiva contra las prácticas corruptas, que espera que entre en vigor este mismo año.
En la UE se evidencia la preocupación sobre el destino del dinero comunitario y se remarca que «la protección de los fondos de la Unión Europea es una responsabilidad compartida». Añaden, con ello, que la Comisión Europea «cooperará con la Agencia Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, y con la Oficina del Fiscal Europeo en caso de sospechas de fraude, para recuperar los fondos que se hayan podido malversar», si bien en Bruselas destacan además la «responsabilidad» de los países miembros para vigilar presuntas prácticas corruptas, máxime si éstas afectan al dinero comunitario, como ocurriría en el caso Koldo.
Armengol y Torres
La Fiscalía Anticorrupción ya remitió en junio pasado a la Fiscalía Europea varios de los contratos firmados por los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, entonces en manos del PSOE -por un importe de 15,3 millones de euros-, al entender que «podrían afectar a fondos de la Unión Europea» por estar financiados con dinero comunitario.
Se trata, en concreto, de los contratos suscritos por las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. En Canarias, fueron cuatro los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020 para el suministro de mascarillas por un importe de 2.095.018 euros, 447.061 euros, 4,7 millones de euros y 5 millones, respectivamente.
En el caso de la administración balear, consta un contrato adjudicado por el Servicio de Salud en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.
Esta misma semana, las delegaciones del Partido Popular y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo han instado a la Fiscalía Europea a investigar si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia pudo afectar a los fondos de la Unión Europea que entonces se destinaron a ayudar a los gobiernos a enfrentar la crisis por el coronavirus.
La Audiencia Nacional y la propia Fiscalía Anticorrupción investigan además distintos contratos adjudicados por los ministerios de Transportes -Puertos del Estado y Adif- y de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a la presunta trama en la que habría participado el ex asesor de José Luis Ábalos. Interior manifestó que contrató con dicha empresa al haberlo hecho previamente Transportes.
El total de los contratos recibidos por la empresa asciende a 53 millones de euros por la adquisición de material sanitario, especialmente mascarillas.
La investigación se centra en el papel de Koldo García, y si cobró y blanqueó comisiones por estas contrataciones, gracias a las cuales la empresa Soluciones de Gestión vio saneada su situación económica, pasando de las pérdidas a beneficios millonarios.
García y otros tres detenidos quedaron la semana pasada en libertad tras comparecer ante el juez Ismael Moreno, negándose a declarar. Entre otros, y además de la mano derecha de Ábalos, también fue arrestado el presidente del Zamora FC, Víctor de Aldama.