Revisar contratos, el valor y clasificación de productos: las estrategias de KPMG contra los aranceles

KPMG ha elaborado una guía práctica para mitigar el impacto de los aranceles que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos a una serie de mercados, y por ende a las empresas, en la que se desgranan consejos para intentar reducir la carga que, según cálculos del Ministerio de Economía, podría llegar a afectar a hasta el 80% de las exportaciones españolas a ese país.

Lo primero que deberían hacer las empresas es identificar los aranceles que se podrían afrontar, su importe y para determinar sobre quién se devengan, es decir, quien lo paga y, para ello será necesaria una revisión exhaustiva de los contratos entre exportador e importador para, en su caso, negociar una revisión de los mismos. En la misma línea, se debe identificar de forma correcta el valor, la clasificación o el país de origen de los productos en aras de optimizar los aranceles que se tienen que pagar y evitar riesgos, siempre respetando el cumplimiento de la regulación aduanera del país. Un ejemplo de cómo llevar a cabo este análisis relativo al valor de un producto es estudiando las condiciones de entrega de dichos envíos y si procede, desglosar costes como el transporte o el seguro internacional, porque en algunos países estos elementos no deben tenerse en cuenta como base para el cálculo del valor en aduana en el país de importación y por ello, una posible via de reducción de  los correspondientes aranceles, lo que permitiría reducir la carga arancelaria en destino. Al mismo tiempo, una clasificación precisa sobre los componentes y las materias primas empleadas en la fabricación del producto evita pagar de más en la Aduana.

Otra posibilidad para reducir la factura aduanera, o bien para reducir riesgos futuros,  consistiría en la determinación del país de origen del producto a importar ya que, por regla general, hoy en día es habitual que los productos sufran varias transformaciones en diferentes países o  áreas geográficas  antes de su importación, considerándose el producto originario de aquel en el que experimenta su última transformación sustancial previa a la importación; de modo que el análisis y estudio de los acuerdos comerciales que puedan existir o firmarse entre los diferentes países o áreas se convierte en una tarea prioritaria con importantes impactos en la cadena de suministro de los importadores y fabricantes.

Como no podía ser de otra manera, el aumento de los costes que supone una subida de los aranceles también puede ocasionar una caída de las ventas, lo que obliga a las empresas a hacer un análisis de costes de sus cadenas de valor dado que los aranceles varían en función de los mercados en los que se aprovisionan de materias primas, de donde se fabrican sus productos y el lugar donde los venden. Este ejercicio no debe realizarse solamente desde el punto de vista logístico de proveedores, sino también desde la óptica fiscal y estratégica. Además, y por si todo lo anterior fuera poco, y dado que la ofensiva proteccionista es un proceso en curso, las empresas deberán trabajar con diferentes escenarios a corto, medio y largo plazo para lo que se impone el uso de la tecnología para automatizar procesos y analizar grandes volúmenes de datos.

En cuanto a la cuestión temporal y, a modo de ejemplo, cabe destacar las fuertes inversiones realizadas por empresas españolas de componentes de automoción realizadas en plantas de producción en México o Canadá para ganar cuota en el mercado estadounidense, por lo que se imponen las estrategias a largo plazo dado el montante invertido.

En relación con las filiales, la subida de los aranceles incrementa los costes de importación y reduce los márgenes, lo que distorsiona el equilibrio interno de reparto de beneficios o la rentabilidad de algunas filiales, por lo que las empresas deben revisar las políticas de precios de transferencia entre las filiales de un grupo multinacional, siempre con el doble enfoque de los aspectos económicos-operativos con los fiscal-tributarios.

Contratos con la Administración pública

En lo que respecta a la revisión de los contratos, aquellos suscritos con la Administración Pública en sectores como el farmacéutico o el de infraestructuras, tienen que tener un tratamiento diferencial ya que habrá que determinar si es posible aplicar conceptos como el factum principis, que permite restablecer el equilibrio económico dentro de un contrato ante causas imputables a la Administración o la fuerza mayor, que exonera de su cumplimiento ante causas impredecibles o inevitables. En este capítulo entran también las subvenciones ya que algunas empresas se podrían ver abocadas a incumplir los compromisos que adquirieron cuando recibieron la ayuda pública, por lo que podrían presentar expedientes de revocación.

Otro de los impactos que tendrán los aranceles será un replanteamiento de los precios en función del coste real de los recursos invertidos en la fabricación de un producto, para lo que tendrán que analizar su cadena de valor y la evolución de la demanda de sus productos, lo que les permitirá saber hasta qué punto pueden ajustar sus márgenes. Este caso se ve claramente en sectores como el de Alimentación y Bebidas, en el que empresas españolas se han consolidado en los últimos años como proveedor de productos de buena calidad a precio razonable y ahora podrían ganar cuota de mercado frente a otros competidores.