Reducir la jornada a 37,5 horas semanales destrozará los pequeños comercios cuando ya cierran 400 al mes

La tramitación de la norma pactada por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, con los sindicatos UGT y CCOO que pretende reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sigue su curso pese a las advertencias de los empresarios y los autónomos del terrible impacto que tendrá en las pequeñas y medianas empresas. Según datos de la asociación de autónomos UPTA, adscrita a UGT, en 2024 han cerrado más de 400 pequeños negocios cada mes, mientras Cepyme calcula que se perderán casi 12.000 millones de euros -por el aumento de las horas extras o la contratación de nuevos empleados-.

Mientras Yolanda Díaz asegura que reducir la jornada laboral como propone ella «se estudiará en todas las universidades del mundo», las empresas ponen el grito en el cielo por otra medida más que afecta a su negocio, como la extraordinaria subida del salario mínimo de los últimos años o las modificaciones unilaterales de la reforma laboral por parte de Díaz sobre lo firmado con la CEOE y Cepyme.

Para empezar, los cierres de pequeños negocios en 2024 han sido de 14 al día. Cada día de este año 14 autónomos han tenido que cerrar su tienda y, si sale adelante la reducción de jornada de Díaz, más negocios tendrán problemas. Sobre todo, señala UPTA, que culpa principalmente a las agresivas ofertas de los grandes establecimientos, en las ciudades de menos de 50.000 habitantes, donde los negocios sufren más al tener menos recursos.

Cepyme advierte que será peor para las empresas que tienen uno o dos empleados, ya que será muy difícil compensar las horas perdidas. «El impacto para las pequeñas empresas será más difícil de procesar tanto por su menor capacidad para disponer de nuevos trabajadores, especialmente con la actual problemática de vacantes que sufre el mercado laboral español», explican en un informe.

Para la patronal de las pequeñas y medianas empresas, el impacto de reducir la jornada será de 11.800 millones de euros de manera directa y otros más de 30.000 millones por costes indirectos. Los primeros, «por el aumento de la remuneración por las horas que se dejan de trabajar. Los segundos, valor añadido bruto que dejaría de producirse al recortarse el tiempo de trabajo si las empresas no tomaran medidas para
paliar dicha reducción de jornada».

Especialmente van a sufrir los sectores de la hostelería y el comercio. En estos dos tipos de negocios, los trabajadores afectados rozan el 100%, según sus datos. Las horas que tendrían que recortar estos establecimientos para llegar a reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales supera el 4% del total de horas trabajadas. La media sería de 12,5 millones de horas trabajadas, el 2,8% del total.

El coste anual que tendría reducir la jornada es mayor también en estos dos sectores, como muestra el gráfico. Para el comercio, el coste anual superaría los 10.000 euros, mientras que manufacturas y hostelería superarían los 5.000 euros anuales.

Las cifras son ignoradas por Yolanda Díaz y los sindicatos, que incluso apuntan a que alcanzar la jornada laboral de 37,5 horas es sólo un paso en el camino hacia el objetivo final, las 32 horas semanales: trabajar cuatro días a la semana.

A principios de enero finaliza el plazo de la audiencia pública del texto pactado por la ministra y los sindicatos, que también incrementa las multas a las empresas que incumplan el registro horario -debe ser digital y con acceso en tiempo real a la Inspección de Trabajo-. A partir de ahí pasará a la tramitación parlamentaria, donde no está asegurado que salga adelante ya que ni siquiera el PSOE está a favor de aprobarlo sin la CEOE.

Tampoco Junts ni PNV, que se unirían a PP y Vox para dejar la propuesta en papel mojado.