La Audiencia archiva la causa por la ampliación del Banco Popular en 2012 al no demostrar que hubo engaño

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido archivar la causa por la ampliación de capital del Banco Popular en 2012. Para ello, se basa en el informe de los peritos del Banco de España, que consideraba que la operación se hizo de forma correcta y que fue «un éxito».

En un auto fechado el jueves al que ha tenido acceso OKDIARIO, Pedraz acuerda el «sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de la presente causa» porque «este Instructor estima que al no  resultar debidamente justificada la perpetración del delito, procede acordar el sobreseimiento provisional  al amparo del art. 641. 2º  de la LECrim «.

Asimismo, considera que «no es necesario practicar más diligencias puesto que con las ya realizadas se puede tomar  una decisión sobre la causa».

Para llegar a esta conclusión, el juez de la Audiencia Nacional considera que la omisión en el folleto de la ampliación del Banco Popular de los 3.920 millones de morosidad oculta detectados por la inspección en 2023 «no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad, sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores».

Y añade que hay que tener en cuenta que, «en la información proporcionada ya se abordaba la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas, y que existía un informe de una auditoría independiente, Deloitte, donde se indicaban que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señalaba  la inspección de BDE, resultando finalmente beneficiosa la operación para los que participaron, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima del mercado».

Como ha informado este medio, a esos 3.920 millones de morosidad oculta hay que sumar otros 3.167 millones más que no estaba reconocidos como dudosos subestándar (préstamos que no han incurrido aún en impago pero que tienen elevada probabilidad de hacerlo), lo que resultaba en un déficit de provisiones de 1.175 millones, que se quedaron en 727 millones después de dotar las exigidas por los llamados ‘decretos Guindos’. Las provisiones son dinero que tienen que guardar los bancos para hacer frente a la morosidad y que suponen una pérdida en la cuenta de resultados.

Pedraz asume el discurso de los peritos Jaime Cidoncha y Juan Francisco Castro Navarrete. Como también informó OKDIARIO, en su informe influyó mucho que la responsable de supervisión del Popular en el Banco de España en ese momento era la actual subgobernadora, Margarita Delgado.

Recurso de la acusación

La acusación que presentó la querella que inició la causa, en representación de varios inversores contra el Banco Popular (absorbido por el Santander), su expresidente Ángel Ron y el auditor PwC tiene intención de recurrir la decisión de archivo del juez.

Su abogado, Miguel Durán, considera que «el auto carece de motivación, es puro seguidismo del informe del Banco de España, que a su vez pretende quitar de encima las culpas al propio Banco de España por su actuación en la ampliación del Popular en 2012». Por ello, anuncia que «vamos a recurrir y tenemos mucho material que demuestra que la cúpula del Banco Popular en 2012 ocultó a los inversores el desastre de las cuentas de la entidad».