La Fiscalía pide archivar la causa por la ampliación del Popular de 2012 con el apoyo del Banco de España

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que archive la investigación sobre la ampliación de capital del Banco Popular de 2012 al considerar que la misma «se efectuó conforme a la legislación vigente y siendo sometida a los controles pertinentes».

En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, la fiscal expone sus conclusiones haciendo alusión a un documento clave: la pericial del Banco de España que calificó la operación de «éxito» y que sostenía que la ampliación supuso «una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas».

En esta línea, Anticorrupción señala que la operación «se produjo en un contexto de grave crisis económica mundial que obligó a los diferentes estados a adoptar medidas que paliaran la situación, que en el caso de España consistieron en implementar estrictas medidas en el sector bancario».

En el supuesto del Banco Popular, explica la Fiscalía, «se calculó que tenían que obtener 3.223 millones de euros de recursos propios adicionales y el banco decidió cumplir con los requerimientos a través de sus propios medios sin recurrir a las ayudas públicas, optando por realizar una ampliación de capital en 2012 para cumplir los objetivos requeridos a nivel estatal».

La decisión, continúa, se adoptó «en una Junta General Extraordinaria, habiendo efectuado varias reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración, donde se barajaron las distintas opciones para el aumento de las provisiones, así como las ventajas e inconvenientes, efectuando la operación conforme a la normativa pendiente y presentado la información legalmente exigida sobre la situación de la entidad para que los potenciales compradores tuvieran una imagen fiel de la misma».

Omisión irrelevante

La fiscal indica que, en esa operación, quedó «pendiente reclasificar a dudoso una parte de los importes pendientes identificados por la inspección, reclasificando 3.920 millones de euros en 2013». «Omisión que no se ha considerado suficientemente relevante para empeorar la imagen de la entidad, sin que podamos acreditar que el no incluir esas reclasificaciones en el ejercicio de 2012 se hizo con intención de engañar a los posibles compradores», asevera.

Así las cosas, la Fiscalía tiene en cuenta «que en la información proporcionada ya se abordaba la complicada situación de la entidad, sus pérdidas y las importantes reclasificaciones efectuadas, y que existía un informe de una auditoría independiente, Deloitte, donde se indicaba que las provisiones a dotar en 2012 eran inferiores a las que señalaba la inspección del Banco de España, resultando finalmente beneficiosa la operación para los que participaron, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima del mercado».

Origen de la causa

Es por ello que la fiscal Belén Dorremochea solicita al magistrado que proceda al archivo provisional de esta causa que se abrió en junio del pasado año tras la presentación de dos querellas contra el Banco Popular y su expresidente Ángel Ron por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información.

En el marco de esta investigación, el magistrado tomó declaración al propio Ron y a su vicepresidente Roberto Higuera. Ambos defendieron en sede judicial que el folleto de la ampliación era «claro y transparente y que todas las operaciones relacionadas con la ampliación se realizaron de forma correcta».

Además, el juez también interrogó al exdirector general corporativo y de finanzas del banco Jacobo González-Robatto y al expresidente de la Comisión de Auditoría José Ramón Rodríguez, que sostuvieron que la citada ampliación de 2012 fue «un rotundo éxito».