Los accionistas de Talgo acudirán a los tribunales si no hay OPA: si ganan, el Gobierno tendrá que pagar

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec) ha advertido de que recurrirá a los tribunales la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de Talgo si la CNMV no considera que hay concertación con el consorcio vasco y no obliga a lanzar una OPA sobre el 100%.

Aemec considera que esta operación podría tratarse de una concertación entre el consorcio vasco liderado por Sidenor y la SEPI para adquirir más del 30% de Talgo, por lo que debería llevarse a cabo una Oferta Pública de adquisición (OPA) de manera que los accionistas minoritarios tengan la opción de vender. Asimismo, opina que se opone al derecho europeo por constituir una ayuda de Estado.

La asociación lamenta que las ofertas del año pasado por parte del un grupo húngaro (Magyar Vagon) o de un grupo polaco (Pesa) para comprar Talgo no saliesen adelante, la primera tras oponerse el Gobierno, por lo que ahora desaprueba esta nueva operación.

«Aemec analizará si la inversión de la SEPI vulnera la normativa europea reguladora de las ayudas de Estado y si podría ser contraria al derecho de la Unión Europea. Por todo ello, recurrirá a los tribunales, en su caso, para defender los derechos de los accionistas minoritarios», ha señalado.

En todas sus comunicaciones, la SEPI ha resaltado que la operación de entrada en Talgo no se ha concertado con ninguna otra parte. Además, ha puesto una serie de condiciones para ejecutarla.

No obstante, la entrada de la SEPI se produce por exigencia del PNV para acometer la compra del 29,7% del capital por Sidenor, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones BBK y Caja Vital, y fue acordada en una reunión entre Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales.

Tendrá que ser la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), presidida por Carlos San Basilio, la que decida si existe concertación o no entre dicho consorcio y la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda. La ley establece que, cuando varios accionistas concertados superan el 30% (el consorcio más la SEPI alcanzarán el 37,6%), debe lanzarse una OPA sobre el 100%.

En caso de que no aprecie dicha concertación, como hizo en el asalto a Indra por parte de la SEPI, Amber y SAPA Placencia, estos accionistas minoritarios acudirán a los tribunales. Y, si obtienen una sentencia favorable, el Gobierno tendrá que indemnizarles por el valor que tendrían sus acciones en una OPA.

Ayuda de Estado

Aparte de la concertación, está la cuestión de la posible ayuda de Estado contraria al derecho comunitario. Un argumento que se basa en el hecho de que la SEPI va a entrar en Talgo a un precio de 4,25 euros por acción cuando la empresa ferroviaria cotiza a 2,99 euros este viernes. Es decir, está pagando mucho más que el precio de mercado.

No obstante, no todos los accionistas de Talgo son optimistas respecto al recorrido de estas demandas en los tribunales: «La entrada de la SEPI sólo se podría justificar por interés nacional de la compañía y por una causa financiera formal que justificara el rescate. Y esa causa la ha proporcionado el propio Gobierno a través de Renfe y la famosa multa por los trenes Avril», señala un fondo de inversión presente en el capital.

También parece probable que recurran la entrada de la SEPI algunos de los principales competidores de Talgo, como CAF, Siemens o Alstom, en principio a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, y posteriormente al Tribunal de Justicia de la UE. Y estas reclamaciones sí pueden tener una base importante para que Bruselas tumbe la operación.