Primer lío a la vista para el nuevo alcalde del PP en Palma: las multas cobradas sin notificar

Primer lío a la vista para el nuevo alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, cuando el próximo 17 de junio tome la vara de mando de manos del aún primer edil socialista en funciones, José Hila: las multas cobradas sin notificar y la adjudicación a dedo a finales de marzo del contrato del servicio de notificaciones municipales a Correos por una suma de cuatro millones de euros.

Una decisión adoptada por el actual equipo de gobierno tras no prorrogar el acuerdo con el hasta entonces concesionario de este servicio (CI Postal) por los cientos de reclamaciones de ciudadanos a los que el Ayuntamiento habría cobrado con recargo miles de multas que no fueron notificadas por el cauce reglamentario.

Dicha adjudicación está en el aire en estos momentos tras notificar por escrito esta empresa al gobierno municipal su desacuerdo con la decisión adoptada de no renovar la prórroga del contrato y dárselo a dedo a Correos.

Ante esta incertidumbre sobre la legalidad en el procedimiento seguido, el aún alcalde socialista Hila ha puesto el caso en manos del Consell Consultiu para que decida sobre el caso.

Como vienen denunciado desde hace más de un año los ciudadanos afectados que constituyen la plataforma Stop Multas Sin Notificación, el actual equipo de gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos no ha reconocido nunca el abuso por las multas sin notificación que podría afectar a miles o decenas de miles de ciudadanos.

Y ello pese a que el Ayuntamiento manifestó que el hecho de no renovar el servicio con CI Postal fue por los «problemas en la notificación», pero por contra, no dice nada de retrotraer los expedientes sancionadores para devolver el dinero que se ha cobrado indebidamente, ni proclama su voluntad de mostrar los datos y los números sobre el alcance del caso.

De hecho, según este colectivo, «desde 2014 no constan datos y estadísticas en la web del Ayuntamiento sobre el número de multas, importes, sanciones pagadas en fase voluntaria, en fase ejecutiva, etcétera, por lo que vienen reclamando que el Ayuntamiento muestre los datos para que se conozca el alcance y magnitud de este descomunal abuso», indicaban en uno de sus comunicados.

La entidad cuenta con más de medio millar de asociados y tendrá que recibirla el nuevo alcalde de Palma en las primeras semanas de su mandato, después de que reiteradamente haya denunciado que el gobierno municipal ahora en funciones no ha querido dar explicaciones, dirimir responsabilidades, ni mucho menos, presentar dimisiones.

El Ayuntamiento se ha limitado hasta ahora a reconocer tan sólo 14 o 15 casos judicializados por falsificación de firma. Unas denuncias que dieron lugar a la detención de cinco trabajadores responsable de CI Postal de Palma, entre finales de 2021 y principios de 2022, pero que los afectados consideran que no son representativas, ni mucho menos, del escándalo y del abuso que afecta a miles de damnificados.

Por ello, lamentan que el gobierno municipal lance cortinas de humo y no asuma responsabilidades por continuar tramitando los expedientes de multa sin acuse de recibo y sin muestra fehaciente de entrega de notificación.

Esta plataforma vecinal cree que el Ayuntamiento es directamente responsable de este abuso contra el contribuyente y los responsables de la vigilancia de la gestión de este servicio podrían haber incurrido en un supuesto caso de prevaricación.

En concreto, porque sabían que existía una investigación judicial en marcha, ya desde noviembre de 2021 (detenciones de trabajadores y responsables de CI Postal) y no sólo el gobierno municipal no anuló preventivamente el servicio con este proveedor municipal, sino que lo mantuvo y premió a la empresa con más de 200.000 euros extras por el exceso de multas de trafico impuestas por la Policía Local.