El alcalde Hila cose a multas a los palmesanos: más de 400.000 sanciones de tráfico en 2021
La instalación de 22 multómetros en el centro y tres nuevos radares disparan las cifras: más de 1.100 diarias
La oposición carga contra el afán recaudatorio del dirigente socialista: 40 millones en lo que va de año
El alcalde Hila continúa con su guerra contra el coche y peatonalizará la calle Jacint Verdaguer
Hila utilizará los presupuestos de 2022 para seguir imponiendo en Palma su modelo de ciudad
El alcalde de Palma, el socialista José Hila, está cosiendo multas a los palmesanos este 2021, donde lleva notificadas más de 400.000 sanciones de tráfico . Entre radares, los 22 ‘multómetros’ instalados en las calles del centro histórico, donde sólo se permite acceso a residentes, y cámaras semafóricas, el Consistorio ha impuesto 409.300 multas por un importe superior a los 40 millones de euros. Si se abona al primer requerimiento, esta cantidad se reduciría a la mitad, el importe que para 2022 tiene presupuestado el primer edil socialista.
Todo un récord en la materia que, pone de manifiesto para la oposición, el afán recaudatorio que se esconde detrás de la política de movilidad, y la guerra contra el coche, desatada por el gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas y populistas de Unidas Podemos (UP) que comanda el Consistorio palmesano. Las restricciones en esta materia impulsadas por el alcalde Hila, en contra de la opinión de vecinos y comerciantes afectados, la reducción de la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora en todas las calles de un solo carril de ida y vuelta, y la expansión de las calzadas de acceso sólo para residentes, está detrás de este aluvión de sanciones.
Una política de incremento de la recaudación vial, que ha sido planificada a lo largo de la pasada y presente legislatura por el equipo de gobierno, con la incorporación de nueva tecnología para penalizar el máximo posible de infracciones viales.
Después de cuadruplicar el número de cámaras para la detección de matrículas de no residentes que acceden al centro de Palma (han pasado de 6 a 22), el gobierno municipal extendió al resto de la ciudad el sistema de detección digital de infracciones de tráfico, mediante nuevos sensores instalados en pasos de cebra y radares móviles, que penalizan los excesos de velocidad en las principales vías de acceso a la ciudad.
Una red que ha sumado tres nuevos efectivos conectados a la sala de control de tráfico de la Policía Local que sancionan a los conductores que exceden los límites de velocidad. Este año los radares llevan notificadas un total de 250.000 sanciones para un total de 25,7 millones de euros, según los datos proporcionados por el concejal socialista de Movilidad, Francesc Dalmau, esta mañana en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.
En 2019, último ejercicio sin restricciones impuestas por la pandemia, fueron 146.000. Una diferencia notable que tiene su continuidad en las sanciones a los que entrar en las calles de acceso sólo para residentes.
Hasta este mes de noviembre van ya 153.000, por un importe de 13 millones de euros, y por último, las 6.300 multas que suma la cámara instalada en un semáforo de la calle Manacor para los que se saltan este dispositivo estando en rojo. Una red de controles de velocidad que ha disparado los ingresos municipales, y cuya finalidad criticó desde el PP, la concejala Lydia Pérez.
«Es una barbaridad. Están utilizando los radares como instrumentos de recaudación. Si quisieran que la gente fuese a menos velocidad, y apostaran por una movilidad sostenible, lo que se hubiera hecho son más campañas de concienciación e información «, apuntó Pérez.
En la misma línea, desde Cs, la portavoz del Grupo Municipal, Eva Pomar, recordó que «la función de una sanción tiene que se disuasoria porque el afán de recaudación lo que hace es pervertir ese objetivo».