política

El PP acusa de pasividad a Sánchez y Armengol ante el incremento de okupas en Baleares

La senadora Maria Salom apunta que en la mayoría de casos detrás del fenómeno "hay mafias organizadas para delinquir"

Asegura que la okupación genera conflictos en los edificios y en los barrios

La ley que pretende sacar adelante Feijóo contempla agilizar los desalojos y elevar el castigo penal a las usurpaciones

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Los senadores del PP Maria Salom y Martí Torres.

El PP balear que encabeza Marga Prohens ha salido en defensa de la ley que pretende sacar la formación a nivel nacional para reducir okupas al asegurar que es una problemática que «está en alza» en Baleares y acusa de pasividad a Francina Armengol ante esta cuestión cuando era presidenta del archipiélago.

Así se han expresado los senadores populares por Mallorca Maria Salom y Martí Torres, que han asegurado que la actual normativa «tiene agujeros que están siendo utilizados de forma fraudulenta». Cabe destacar que el Senado dio luz verde el pasado miércoles a la tramitación de una proposición de dicha ley antiokupas, que pretende elevar el castigo penal a las usurpaciones y agilizar los desalojos.

Ambos senadores han lamentado el «incremento evidente» de este fenómeno en las islas, así como sus efectos en la convivencia. Por ello, se han mostrado críticos por la pasividad con los okupas tanto del anterior Ejecutivo de Baleares que comandaba el pacte de izquierdas como del actual Gobierno central que lidera el socialista Pedro Sánchez, que según han apuntado, «está ocupado en otras cuestiones».

En relación a esto, Salom ha asegurado que desde que Sánchez es presidente del Gobierno, la okupación legal se ha incrementado hasta un 37%. De hecho, la dirigente ha informado que en el año 2022 se denunciaron un total de 16.726 okupaciones. «Imaginen la okupación que habrá sin denunciar», ha añadido.

Con todo, la dirigente del PP de Baleares ha manifestado que «los okupas están en alza y es un problema que va a más y en la mayoría de casos detrás del fenómeno hay mafias organizadas para delinquir». Además, ha explicado que la okupación ilegal merece tolerancia cero ya que atenta contra la propiedad privada, genera conflictos en los edificios y en los barrios y tiene a vecinos y propietarios «preocupados y atemorizados».

Rechazo de la izquierda

La propuesta salió adelante en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP, aunque tanto PNV como Junts, ambos socios de Sánchez, no mostraron rechazo a la ley y decidieron abstenerse en la votación. Tanto el PSOE como sus socios parlamentarios de la izquierda votaron en contra.

La proposición finalmente salió adelante con 147 votos a favor, 104 en contra y 9 abstenciones y la iniciativa ahora pasará al Congreso de los Diputados, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta.

La proposición de ley orgánica establece mecanismos para el desalojo en 24 horas voluntariamente desde que es requerido por la autoridad.  Si transcurrido un día no se hace voluntariamente, se podrá efectuar el desalojo de manera forzosa. Asimismo, se impedirá el empadronamiento en dicha vivienda y se incrementarán las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal.

Por otro lado, también se contempla una modificación del artículo 269 del Código Penal, en el que se añadirá la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.

Por su parte, el senador de Ibiza, Miquel Jerez, ha destacado «importancia de proteger a los propietarios ya que las últimas estadísticas reflejan una okupación creciente en España y también en Ibiza a causa de las políticas de tolerancia del Gobierno central».

Asimismo, el popular ha subrayado que «ha llegado la hora de poner fin a la violación sistemática de las propiedades de los demás. Con esta ley se aceleran los mecanismos procesales y se elimina la posición dominante del okupa frente a la vulnerabilidad del propietario. Se trata de poner las cosas en su sitio».

En cuanto al empadronamiento, Jerez ha señalado que no puede ser que quien okupa ilegalmente mantenga un empadronamiento legal en la vivienda usurpada. «Si la conducta es ilegal, el empadronamiento también», ha insistido.

 

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