El PP lanza su ley ‘antiokupas’ en el Senado con el apoyo de Vox y sin el rechazo del PNV y Junts

La mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez se ha resquebrajado este miércoles en el Senado, donde PNV y Junts se han desmarcado del bloque que sostiene al Gobierno para dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley antiokupas impulsada por el PP para elevar el castigo penal a las usurpaciones y agilizar los desalojos, que se ejecutarían tras dar un plazo de 24 horas a los okupas para abandonar el inmueble o acreditar que tienen derecho a estar en él.

Con mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, no había dudas de que el Pleno iba a tomar en consideración la proposición de ley antiokupas del Grupo Popular, pero dos aliados del Gobierno, PNV y Junts, con su abstención, no se han opuesto a la tramitación de la ley, que ha salido adelante con 147 votos a favor, 104 en contra y 9 abstenciones.

Según el texto de la proposición de ley, el PP quiere que se obligue al desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad, y si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa.

Además, la proposición de ley orgánica impide «que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada» e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por este asunto. Del mismo modo, contempla una modificación del artículo 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.

Ahora, la iniciativa seguirá su trámite en el Senado antes de pasar al Congreso de los Diputados, que la puede aprobar o rechazar. Si PNV y Junts mantuviesen el mismo sentido de voto en la Cámara Baja, la primera ley Feijóo se aprobaría definitivamente.

El senador popular José Ramón Díez de Revenga ha presentado la proposición como la primera de las «leyes Feijóo» que va a defender su partido en el Parlamento, leyes, ha dicho, para impedir conductas ilegales, no para tolerarlas ni amnistiarlas.

Tolerancia cero

«Tolerancia cero ante la okupación», ha manifestado el senador, quien ha subrayado la necesidad de luchar contra las mafias que han creado «una industria del crimen que se extiende por todo el país». Díez de Revenga ha asegurado que las denuncias se han incrementado un 32% desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno -mediados de 2018- con hasta 46 okupaciones al día en el ejercicio de 2022.

El PP plantea un aumento de las penas, especialmente en el caso de mafias organizadas, perseguir con igual énfasis la okupación de viviendas vacías y de inmuebles propiedad de empresas, impedir empadronamientos en viviendas okupadas y dotar de medios de defensa a las comunidades de propietarios. El objetivo es garantizar la pacífica convivencia en las comunidades de vecinos.

El PSOE y sus aliados de la izquierda han recordado el deber de proteger a los colectivos más vulnerables y han cargado contra una iniciativa que, en palabras de la senadora socialista María de los Ángeles Lunas, es un «regalo» a los fondos buitres y a la banca especuladora.

Luna ha acusado a los populares de competir con Vox, generar miedo y retorcer estadísticas y ha denunciado que su reforma contentaría a los grandes propietarios y acabaría ralentizando los procesos judiciales.

El PNV ha decidido no votar en contra, aunque ha advertido de que no le gusta ni el aumento general de penas ni la posibilidad de que se actúe sin intervención judicial, y Junts también ha optado por la abstención, reclamando más medios para los juzgados.

Por contra, el senador de ERC, Jordi Gaseni, ha acusado al PP de agitar el miedo con un discurso «demagógico y populista» y el representante de la formación proetarra Bildu, Josu Estarrona, ha tachado a los populares de «vendedores de alarmas».

«Las medidas aplicadas hasta ahora son ineficaces; son ustedes quienes han creado la burbuja de las alarmas», ha respondido el senador del PP Fernando Martínez Maíllo, quien ha defendido el derecho a mantener vacía una vivienda si así se quiere. «Se trata de proteger la propiedad privada; aquí tendría que acabar el debate», ha manifestado.