Otegi, Puigdemont y Junqueras convierten a Sánchez en un presidente títere

Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno con 179 votos a favor y 171 en contra. Seguirá en La Moncloa gracias a los partidos independentistas y proetarras, que han salido en su rescate tras arrancarle un repertorio de cesiones que van desde la amnistía a la «República vasca». Sánchez se convierte así en un presidente rehén de sus socios, que ya le han advertido que la investidura «no es un cheque en blanco» y que «no tiente a la suerte».

Empeñado en un mandato que nace con la máxima debilidad, el socialista conduce a España a un frentismo inédito. Ha ignorado la protesta social por su rendición al separatismo, los avisos del Poder Judicial por «socavar el Estado de Derecho», la posible sanción de Bruselas y la oposición de los constitucionalistas, y ha optado por entregar el país a la división. El debate de investidura en el Congreso ya ha sido indicativo de la confrontación sin precedentes que marcará el nuevo tiempo político.

Sánchez ha empleado estos dos días en consolidar los bandos y dejar claro en cuál de ellos está. En el de los que exigen cauces para romper con España, cuestionan su calidad democrática y atacan a jueces, fiscales, policías y empresarios. En definitiva, a quienes defienden la Constitución. Mimetizado con sus aliados, Sánchez ha inaugurado una relación agresiva contra la oposición, especialmente contra el PP, a quien sitúa, junto a Vox, en una «derecha reaccionaria» que sólo su Gobierno «progresista» puede combatir.

En su discurso, el miércoles, el socialista quiso erigirse en baluarte de «la democracia, la convivencia y la tolerancia» frente a la «derecha retrógrada que rezuma clasismo» y «los profetas del odio que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas». Incluso llegó a acusar a Feijóo de haberse sumado al «club de Trump, Orbán, Le Pen y Abascal». Entre falsedades, medias verdades, insultos y acusaciones, tardó hasta 82 minutos en pronunciar la palabra que inflama a la sociedad española: la amnistía para los separatistas. Una ley de la que se beneficiarán los procesados por terrorismo y que permitirá el regreso inmediato de Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde que en 2017 huyó a Bruselas.

El ya presidente Sánchez, que hasta dos días antes de las elecciones rechazaba vehemente la amnistía por «inconstitucional», no tiene ahora reparos en presentarla como legítima, constitucional e imprescindible para la «convivencia». Incluso buena para la economía. El líder del PSOE defiende la medida de gracia «en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la concordia entre españoles» y resume así su giro de opinión: «Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud», una frase, por cierto, plagiada al propio Puigdemont.

«Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales es corrupción política», le advirtió Feijóo, en una réplica especialmente dura en el Congreso. El líder del PP pide a Sánchez que convoque elecciones para que los españoles puedan votar lo que se les ocultó en la pasada campaña, esto es, los pactos con ERC y Junts, y avisa que «no tendrán la España silenciosa y resignada que desean» los socialistas.

«La historia no le amnistiará»

Los populares confían en mantener movilizada a la calle tras la histórica protesta que, el pasado domingo, reunió a más de dos millones de personas en las 52 capitales de provincia y aguardan también la respuesta de Bruselas, que ya examina la ley registrada por el PSOE en el Congreso. «Usted es el problema, con su falta de palabra, su ausencia de restricciones morales, su patológica ambición. Mientras usted siga, España estará condenada a la división. Ése será su legado. La historia no le amnistiará», sentenció Feijóo durante el debate. En el PP exigen además a Sánchez que aclare cuál ha sido su «pacto encapuchado» con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y si incluye una «amnistía etarra», uno de los temores que muchos dirigentes expresan también en privado.

En Vox, mientras, elevan el voltaje de la oposición, acusando al socialista de «preparar un golpe de Estado» en connivencia con el separatismo. En una de las frases del debate, Santiago Abascal llegó a advertirle que «con apariencia de legalidad llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler». «Es el inicio de una tiranía», avisó, abroncado por la socialista Francina Armengol.

«No tiente a la suerte»

Pero si Sánchez ha constatado, inmutable, el rechazo de la oposición, también ha podido escuchar las amenazas de sus propios socios. ERC, Junts y Bildu ya le han avisado de que su apoyo no es gratis y que será su rehén durante toda la legislatura.

«Tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana», se jactó Gabriel Rufián. «Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte», le advirtieron desde Junts. El partido de Carles Puigdemont llegó a extender la duda de una abstención en señal de malestar por las alusiones de Sánchez a la amnistía -exigen que la defienda «no como un perdón, sino como el reconocimiento de una injusticia»- aunque finalmente votaron a favor.

Ese órdago inesperado provocó tal tensión en el Ejecutivo que Sánchez improvisó una reunión en el Congreso con su negociador, Santos Cerdán. «No confiamos en usted ni en su Gobierno», sentenció Miriam Nogueras, una frase que se repetirá a buen seguro durante la endiablada legislatura. Los de Puigdemont ya avisan que «si no se avanza en lo pactado» no darán apoyo a ninguna iniciativa. Sánchez, para rebajar la tensión con sus socios, aseguró que cumplirá al milímetro lo acordado.

Tras la amnistía y el previsible referéndum, con Bildu, incluso, se comprometió a abordar la «República vasca». «Nuestra propia Constitución nos abre el camino para reconocer la singularidad del pueblo vasco», aseguró Sánchez ante los proetarras. La portavoz, Mertxe Aizpurua, condenada por enaltecer a ETA, también se jacta de tener al presidente Sánchez en sus manos: «Que le apoyemos hoy no significa que nos debamos a su Gobierno».