La Delegación del Gobierno se pone del lado de los radicales acampados de izquierda y se niega a desalojar la Plaza España de Palma

La acampada de radicales violentos de izquierda de Plaza de España de Palma se ha convertido en un nuevo frente de confrontación política, policial y vecinal. Comerciantes, Policía Local, policías nacionales y el Ayuntamiento de Palma coinciden en la necesidad de poner fin a una concentración que lleva semanas instalada en pleno centro de la capital balear y que está generando un creciente malestar por los problemas de convivencia, suciedad y conflictividad. Por su parte, la Delegación del Gobierno, se pone de parte de los okupas y se niega a desalojarlos.

El Ayuntamiento de Palma, encabezado por el alcalde Jaime Martínez, ya ha llevado a cabo un operativo de limpieza junto a EMAYA, después de comunicar su actuación a la Policía Nacional y a la Delegación del Gobierno. El dispositivo incluyó la retirada de residuos, cartones, palés de madera y otros materiales acumulados en la plaza, así como la identificación de las personas que permanecían acampadas en el enclave.

La intervención municipal se produjo después de semanas de reclamaciones para que se pusiera fin a una situación que, según el Consistorio, estaba deteriorando la imagen de uno de los espacios más transitados de Palma y provocando problemas que afectan tanto a los vecinos como a los comerciantes de la zona.

Aunque fuentes consultadas de la Policía Nacional señalan que el cuerpo no habría recibido un requerimiento formal para participar en el dispositivo municipal, fuentes próximas a la institución policial trasladan, de manera oficiosa y no oficial, su respaldo a la necesidad de intervenir para resolver la situación. «Los policías nacionales apoyamos de forma clara la necesidad de desalojar la Plaza España. Es un nido de conflictos y nos encontramos ante los okupas de la antigua cárcel de Palma o de otros puntos»,  apuntan.

Estas fuentes consideran que la concentración se ha convertido en un foco de conflictos y sostienen que no responde exclusivamente a una reivindicación relacionada con el derecho a la vivienda. También apuntan a la presencia de personas procedentes de otros asentamientos precarios, algunas de las cuales habrían abandonado anteriores emplazamientos por problemas de convivencia y conflictividad.

La actuación de los agentes de la Policía Local de Palma permitió retirar grandes cantidades de basura, cartones, suciedad y palés de madera utilizados para acondicionar las instalaciones improvisadas de los acampados. La acumulación de materiales y residuos había alimentado las quejas vecinales y el malestar por la imagen que presentaba Plaza de España.

Desde el Ayuntamiento defienden que la recuperación del espacio público debe ser una prioridad y consideran que la intervención realizada era necesaria para hacer frente al deterioro de la plaza y a los problemas derivados de la acampada.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha vuelto a reclamar una intervención de la Delegación del Gobierno en Baleares, encabezada por Pere Joan Pons, después de la actuación policial que permitió desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid.

Martínez considera que la intervención en la capital española demuestra que existen mecanismos para actuar ante este tipo de concentraciones y ha exigido que se aplique el mismo criterio en Palma. El regidor lleva más de un mes reclamando a la Delegación del Gobierno que intervenga y ha vuelto a trasladar su exigencia para que ejerza las competencias que le corresponden.

El pulso institucional está servido. Mientras el Ayuntamiento de Palma reclama recuperar Plaza de España y acabar con la acampada, el debate político gira también en torno a la responsabilidad de la Delegación del Gobierno y a la gestión de una concentración que continúa generando controversia. Un delegado del Gobierno entregado en cuerpo y alma a las políticas de Pedro Sánchez que da la espalda a los ciudadanos.

La pregunta que se hacen cada vez más comerciantes y vecinos es cuánto tiempo más tendrá que permanecer Plaza de España de Palma en esta situación antes de que las administraciones pongan una solución definitiva.