No es Julio, es Pedro ¡y lo sabes!

España ha entrado en una fase política tan previsible y ridícula como preocupante: cuando el poder se siente acorralado, fabrica ruido. Y cuando ese ruido necesita un rostro reconocible, mejor si es famoso, simbólico y funcional. De ahí la súbita obsesión con Julio Iglesias, convertido en el antagonista perfecto de un relato que no busca justicia, sino distracción. Relato a costa del dato.

Jurídicamente, el asunto es extraordinariamente débil. No solo por la antigüedad de los hechos denunciados, los enormes problemas probatorios o la eventual prescripción, sino por un requisito técnico insoslayable que rara vez se menciona: la doble tipificación penal.

Cuando los hechos presuntamente ocurrieron fuera de España —como sucede en este caso—, no basta con que la conducta pueda ser considerada delito conforme al Código Penal español. Es imprescindible, conforme a los principios básicos del Derecho penal internacional y a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que esa misma conducta esté tipificada también como delito en el país donde se produjo. Si no existe esa doble incriminación, la jurisdicción penal española sencillamente no puede prosperar.

Y este punto es clave: la ausencia de una clara doble tipificación convierte el procedimiento en altamente vulnerable al archivo, por razones estrictamente técnicas, no ideológicas. Pero eso no importa. Porque, insistamos, no se trata de Julio Iglesias. Nunca lo ha sido, se trata de Sánchez y sus secuaces.

El cantante es solo el decorado. El verdadero objetivo es otro: desviar la atención de los problemas judiciales y políticos que rodean a Pedro Sánchez y a su entorno. Cada vez que una investigación avanza, cada vez que una diligencia incomoda al poder, aparece un nuevo escándalo moral amplificado hasta el paroxismo. No importa que el tipo penal sea dudoso, que la competencia jurisdiccional sea discutible o que el caso esté condenado al archivo. Lo relevante es ocupar la agenda con cualquier otra cosa que no sean los problemas de su sanchidad.

Mientras tanto, los asuntos que sí afectan al núcleo del poder quedan relegados a un discreto segundo plano: contratos públicos bajo sospecha, relaciones personales investigadas, tramas de intermediación y un clima creciente de desconfianza institucional. A ello se suma un elemento particularmente incómodo: el posible foco de corrupción política que conecta al socialismo español con el colapso del régimen venezolano, donde el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece de forma recurrente tras la caída de Maduro.

Pero de eso se habla poco. Resulta más rentable políticamente convertir un procedimiento jurídicamente inviable en un espectáculo moralizante. La izquierda ha perfeccionado la sustitución del Derecho por el relato: donde debería exigirse tipicidad, se impone indignación; donde debería haber prueba, se ofrece consigna; donde rige la presunción de inocencia, se instala el linchamiento preventivo.

El daño es profundo. Se banaliza la acusación penal, se degrada la credibilidad de las verdaderas víctimas y se erosiona el Estado de Derecho. Porque cuando todo vale como delito, nada importa como justicia.

Por eso conviene decirlo sin rodeos: no estamos ante un gran escándalo jurídico, sino ante una operación de distracción perfectamente calculada. Hoy el nombre es Julio Iglesias. Mañana será otro. Lo constante es la estrategia: mirar al famoso para no mirar al presidente; señalar al pasado para no responder por el presente.

Y mientras tanto, los verdaderos problemas judiciales siguen ahí, esperando que alguien tenga el valor de hablar de ellos sin música de fondo. ¿Qué más tiene que pasar para que alguien de un paso al frente?

El problema es Sánchez, la corrupción sistémica y su red de relatos casposos, y lo sabes!