Cataluña exige a Sánchez el control del MIR: un paso más hacia la descentralización sanitaria

La transferencia del sistema de formación sanitaria especializada, conocida como MIR (Médico Interno Residente), se encuentra nuevamente en el centro del debate político tras el anuncio de avances en las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Este desarrollo ha suscitado interés, dudas y reacciones encontradas en otras comunidades autónomas al considerar que este traspaso supondría «aniquilar» el modelo sanitario español.

Pero, ¿qué implica la transferencia del MIR? El sistema MIR es un mecanismo esencial para la formación de médicos especialistas en España. A nivel estatal, el Ministerio de Sanidad organiza y regula la convocatoria, las solicitudes, la adjudicación de plazas y el seguimiento de la formación. Transferir esta competencia supondría que una comunidad autónoma asumiría el control sobre aspectos clave del proceso, como la gestión de la convocatoria, la organización del examen o incluso la distribución de las plazas en función de las necesidades locales.

Desde el punto de vista del Gobierno, esta transferencia formaría parte de los acuerdos alcanzados con Cataluña para reforzar su autogobierno. La Generalitat sostiene que asumir esta competencia les permitirá adaptar la formación sanitaria a las particularidades y demandas de su territorio como la FSE –incluido MIR y EIR (Enfermera Interna Residente).

El Gobierno de Salvador Illa, ha acogido positivamente esta nueva ronda de negociaciones que se han propuesto para el próximo mes de enero, destacando que supone un paso más hacia la gestión plena de las competencias autonómicas en materia sanitaria. Sin embargo, los expertos advierten de los retos logísticos y técnicos que conllevaría esta transferencia, son negativos. Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que el sistema pierda cohesión, dado que actualmente garantiza un estándar homogéneo de formación en todo el país.

Si bien las autonomías son beneficiosas, hay que evitar fragmentaciones que comprometan la calidad del sistema sanitario nacional, se ha insistido desde distintos sindicatos médicos. 

Ahora la mirada atenta del País Vasco ha puesto sobre la mesa que dividir aún más el examen MIR en España supondría cesar la igualdad de oportunidades y selección a los mejores médicos. El Gobierno vasco ha señalado que analizará las implicaciones de este movimiento catalán. Aunque no descarta una petición futura, mantiene que el sistema actual del MIR asegura equidad y excelencia en la formación.

Así, el pasado mes de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cedió la gestión de la homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros al PNV, volviendo a ceder ante esta comunidad al necesitar sus votos.

Mónica García en otra ‘guerra’

El Ministerio de Sanidad ha iniciado este viernes el trámite para modificar la norma que permitirá recuperar la presencialidad en la elección y adjudicación de las plazas MIR y resto de especialidades de Formación Sanitaria Especializada (FSE), y poder combinarla con la vía telemática, la única vigente desde 2020.

El departamento que dirige Mónica García ha sometido a audiencia e información pública hasta el próximo 16 de diciembre el proyecto de real decreto que modificará las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a la FSE y que permitirá, además, la posibilidad de ofertar de nuevo las plazas que hayan sido rechazadas por los adjudicatarios de las mismas.

Son dos los motivos que argumenta para llevar a cabo esta reforma, que ya lanzó a consulta pública en verano: el primero, que el sistema de elección y adjudicación exclusivamente mediante medios electrónicos ha sido objeto de controversia desde que se implantó en 2020 por la pandemia.

Desde entonces, se han sucedido las reivindicaciones para volver al sistema presencial o bien que el actual permita una elección en tiempo real equivalente.

El sistema utilizado y las herramientas de ayuda que se han venido empleando, como SIMULE, han supuesto un gran avance y una apuesta por la transformación digital de los procesos administrativos, pero el ministerio cree que se debe considerar la posibilidad de adaptar este supuesto y facilitar una flexibilidad en el modelo de adjudicación de plazas.

Por otro lado, la modificación facilitará la adjudicación, en la misma convocatoria, de las plazas que resulten vacantes, bien por no haber sido elegidas por las personas aspirantes, bien porque aun habiendo sido elegidas y adjudicadas, hayan renunciado a ellas.