Sánchez quiere que la ONU le libre de su negro horizonte penal

Lo que nos faltaba. La última ocurrencia del presidente del Gobierno pasa porque los informes de la ONU puedan valer para revisar sentencias firmes de los tribunales, un dislate descomunal que tritura la separación de poderes y deja a la justicia al albur de las consideraciones de Naciones Unidas. El Ejecutivo ha introducido esta iniciativa en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal: «Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando por alguno de los comités de Naciones Unidas se hubiese declarado la violación de alguno de los derechos reconocidos en los respectivos convenios y sus protocolos, que hubiesen sido ratificados por España, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión».

Y añade: «La Abogacía del Estado podrá intervenir, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas».

La maniobra del Gobierno es recurrir a un órgano político como es la ONU -organismo al que el Ejecutivo español baña con millonarias aportaciones- para revisar las sentencias que no le sean favorables, un despropósito descomunal que supone una injerencia en toda regla en nuestro Estado de Derecho, además de dejar expuesto a nuestro país ante grupos de presión extranjeros o contrarios a nuestro sistema constitucional.

Hay un ejemplo que ilustra la pretensión de Pedro Sánchez: Baltasar Garzón, al que ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dieron la razón tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo, pero sí algún informe de la ONU. Ahora se entiende todo: la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha reclamado la intervención de la ONU por la condena por revelación de secretos al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. En esas estamos: Sánchez pretende que nuestro Estado de Derecho se someta a los informes de la ONU. ¿Alguien da más?